Diputados justicialistas de Entre Ríos se sumaron al repudio contra el ataque que sufrieron un grupo de mujeres trans y travestis que fueron agredidas por medio centenar de jóvenes en los bosques de Palermo, en Buenos Aires.

En un proyecto de declaración se expresó el “más profundo repudio ante la feroz agresión perpetrada contra mujeres trans y travestis en los Bosques de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; manifestando asimismo su absoluta preocupación y rechazo ante la proliferación de discursos de odio y violencia explícita fomentados e institucionalizados de manera sistemática por el Gobierno Nacional, los cuales operan como canal de legitimación y caldo de cultivo para estos ataques físicos y simbólicos; reafirmando finalmente el compromiso histórico de la provincia de Entre Ríos con la defensa de los Derechos Humanos, la inclusión y la protección de las identidades de género frente a la avanzada de políticas que promueven la discriminación y la crueldad”.

La autora del proyecto, Silvia del Carmen Moreno, manifestó “el más firme rechazo de este cuerpo legislativo ante el brutal ataque transfóbico ocurrido en los Bosques de Palermo, donde un grupo organizado de personas persiguió y agredió de forma sistemática a mujeres trans y travestis”.

Jactancia

En los fundamentos se indicó que “los hechos, difundidos con jactancia en redes sociales por los propios agresores, no constituyen un episodio aislado de violencia urbana. Por el contrario, son la consecuencia directa de un clima de época signado por la deshumanización”.

Así, sostuvo que “desde las más altas esferas del Gobierno Nacional se promueve diariamente una retórica de la crueldad, el desprecio y la hostilidad hacia las diversidades sexuales, las mujeres y las minorías. Cuando el Estado nacional utiliza sus canales oficiales para validar el odio y desmantelar las políticas de género y equidad, se habilita una violencia social que se materializa en cacerías territoriales como la acontecida en Palermo”. Moreno exhortó que “como representantes del pueblo entrerriano, y en consonancia con la doctrina justicialista que concibe a la justicia social como el derecho a vivir una vida digna y libre de violencias, resulta imperioso señalar estas responsabilidades políticas. La omisión o complicidad discursiva del Poder Ejecutivo Nacional debilita los consensos democráticos fundamentales e incrementa la vulnerabilidad estructural de un colectivo históricamente perseguido”.

Finalmente instó a que “ante la avanzada de discursos oficiales que atentan contra la dignidad humana y pretenden naturalizar la exclusión, esta Cámara debe pronunciarse con firmeza para ratificar que la igualdad, el respeto y los Derechos Humanos siguen siendo pilares innegociables en nuestra provincia. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de resolución. (APFDigital)