Asueta fue uno de los impulsores de esta iniciativa y colaboró con la Fiscalía de Estado, a cargo del doctor Julio Rodríguez Signes, en el desarrollo de la demanda judicial. Explicó que "esta es una acción reparatoria por los incumplimientos del gobierno nacional a la promesa de navegabilidad del río Uruguay, por las obras inconclusas y no realizadas, y por los daños económicos, sociales y ambientales que supuso la represa para la provincia, especialmente para la región de Salto Grande".

El funcionario destacó las gestiones que viene realizando el gobernador para mejorar el precio de la energía generada por Salto Grande y, en consecuencia, incrementar el monto de los excedentes. Sin embargo, subrayó la importancia de haber iniciado la demanda judicial: "Es destacable esta decisión porque, en paralelo, se interrumpe la prescripción y se reclama por la totalidad de los excedentes, que actualmente representan apenas el 15 por ciento de lo que eran en 2012".

Asimismo, recordó que el Pacto Intrafederal firmado en 1998 entre las provincias afectadas y el gobierno nacional tuvo un sentido reparatorio. En ese marco, explicó que las provincias se comprometieron a no reclamar por la incumplida promesa de navegabilidad del río Uruguay, las obras pendientes ni la mitigación de los daños generados por la represa. Como compensación, el Estado nacional asumió el compromiso de ceder a las provincias los excedentes que generaba Salto Grande.

En relación con las perspectivas del juicio, Asueta consideró que el reclamo cuenta con sólidos fundamentos jurídicos. "Entendemos que es jurídicamente muy sólido, porque los gobiernos nacionales, desde 2013 hasta la fecha, lo vaciaron de contenido, licuando los excedentes a través de la baja deliberada y discrecional del precio de la energía que vende Salto Grande. Por eso estamos seguros de que corresponde una recomposición, que seguramente será histórica, porque hoy el presupuesto de la Comisión Administradora para el Fondo Especíal de Salto Grande (Cafesg) ronda el 15 por ciento de lo que era antes de que el gobierno nacional comenzara a licuar los excedentes", sostuvo.

"En su momento, el tratado constituyó una reparación histórica, y la acción judicial que se está llevando adelante tiende a que efectivamente vuelva a serlo, de acuerdo con el texto de lo firmado", concluyó.