La Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III resolvió este martes que la apelación presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de la medida cautelar se volvió abstracta, dado que la Corte Suprema de Justicia rechazó (el 25 de junio) el recurso extraordinario de los abogados del Gobierno.

Así, confirmó la vigencia de la cautelar que ordena al Gobierno cumplir con dos artículos de la LFU, vinculados al aumento de sueldos de docentes y no docentes, y la actualización de becas estudiantiles.

Con esta decisión, el expediente vuelve a primera instancia para que se ejecute plenamente la medida cautelar, removiendo cualquier obstáculo que el Estado hubiera intentado interponer para frenar su aplicación. Esto es lo que interpretan sin dudar en las Universidades.

“El fallo de Cámara significa que ya podemos ejecutar la cautelar que el Gobierno sigue sin cumplir. Mañana mismo vamos a presentar la ejecución", afirmó a Clarín el abogado Pablo Manili, que representa en la demanda a las más de 60 Universidades nacionales nucleadas en el CIN.

Tras el fallo de la Corte Suprema de fines de junio, las Universidades esperaban la respuesta a un pedido de “pronto despacho” a la Cámara, para que resolviera la apelación a la decisión de suspender la ejecución de la cautelar.

El “pronto despacho” argumentó Manili, no sin ironía “dentro de lo que el cúmulo de tareas la ocupa (a la Cámara) le permita”, fue justificado en los 1.964.231 alumnos de universidades públicas en todo el país que “ven peligrar” el dictador de clases, los 266.082 docentes universitarios y preuniversitarios y 65.851 no docentes y miles de becarios afectados en sus “derechos de carácter alimentario”, además de la atención de miles de personas en hospitales públicos.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional Franco Bartolacci, rectores de Universidades y gremios docentes, fijan posición sobre la Ley de Financiamiento.El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional Franco Bartolacci, rectores de Universidades y gremios docentes, fijan posición sobre la Ley de Financiamiento.

La Cámara indicó este martes en su fallo que toda vez que la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia sobre la vigencia de la medida cautelar, es “inoficioso” (no tiene sentido) pronunciarse sobre la apelación, planteo que “ha devenido abstracto”.

De esta manera, el expediente deberá volverá al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo de Martín Cormick para que continúe la ejecución de la medida cautelar.

Ese trámite había quedado frenado hasta ahora porque el juez de primera instancia había suspendido la ejecución mientras la Corte analizaba el recurso extraordinario presentado por el Gobierno de Javier Milei. Precisamente esa decisión fue la que originó la apelación impulsada por el CIN.

El camino judicial es tortuoso porque el Gobierno ha buscado todas las maneras de incumplir con la ley. De hecho, no está decidida la cuestión de fondo, que es la validez del decreto de Javier Milei que suspendió la ley, con el argumento de que no explicita la "fuente de financiamiento". Por eso el juez Cormick otorgó ya en diciembre pasado la cautelar. Fue un gran golpe para el Gobierno porque los salarios son el 90% del Presupuesto universitario.

La Asociación de Docentes de la Universidad nacional del Sur (Bahía Blanca) posteó este martes en X: “La Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III resolvió que la apelación presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra la suspensión de la ejecución de la medida cautelar se volvió abstracta, dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario del Estado Nacional y confirmó la vigencia de la cautelar que protege a las universidades públicas frente al Decreto 759/25”.

“Con esta decisión, el expediente vuelve a primera instancia para que se ejecute plenamente la medida cautelar, removiendo cualquier obstáculo que el Estado hubiera intentado interponer para frenar su aplicación”, agregaron.

Denuncia penal a Diego Santilli

A todo esto, este martes se conoció la primera denuncia penal contra un funcionario por incumplir la ley de Financiamiento Universitario. La presentó el diputado socialista Esteban Paulón, por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, contra el jefe de Gabinete, como responsable de la ejecución de las partidas presupuestarias para cumplir la ley que votó el Congreso.

En los dos últimos períodos liquidados tras el fallo de la Corte (abonados el 1 de julio y el 1 de agosto) el Gobierno cumplió solamente con una parte del acuerdo paritario de fines de mayo, lo que significó un incremento en torno al 21% de los salarios. Pero, por lo que estableció la ley de Fondos, y para cumplir la cautelar, debería haber liquidado entre 25% y 30% más.

Los principales gremios ya avisan de medidas de fuerza, de cara al inminente inicio del segundo semestre de clases.

Fuente: APFDigital