Durante la audiencia, los distintos sindicatos presentaron sus observaciones sobre el proyecto y coincidieron en señalar que la propuesta implica un retroceso en materia de derechos previsionales. Participaron: el secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero; la secretaria Adjunta Lía Finpel; el secretario Gremial de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Roberto Aguirre; la delegada de Amet, Sara Giambirtone; Yolanda Verbauwede y Nancy Romina Vilche por parte de la Unión Docentes Argentinos; el secretario Gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Diego Sacchi y la secretaria General del mismo gremio Alejandra Frank. 

En una primera instancia Antivero, realizó una presentación en la que detalló el estado actual de los docentes de la provincia y acercó algunos lineamientos en base al impacto de esta reforma a los trabajadores de la educación. "Sabemos que existe un déficit, no somos necios, pero no coincidimos en que el ajuste tenga que hacerse sobre nosotros. Hubo políticas económicas y decisiones políticas equivocadas que llevaron a esta situación", afirmó.

Según Antivero, la iniciativa tiene un perfil "economicista" y "empresarial", al priorizar únicamente la sustentabilidad financiera sin contemplar el impacto social sobre los trabajadores y jubilados.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al cambio en el cálculo del haber inicial, que pasaría de considerar los últimos diez años de carrera a los últimos veinte. Se presentaron casos testigo para demostrar que, con la nueva fórmula y la obligación de continuar aportando hasta alcanzar la edad del régimen general, un docente podría percibir apenas entre el 60% y el 68% de lo que cobraría con la legislación vigente. Además, remarcaron que la carrera docente suele implicar ascensos en los últimos años de actividad, por lo que ampliar el período de cálculo reduce considerablemente el monto del beneficio.

“Les decimos, por favor, voten con conciencia, miren el interior de la provincia,  miren su departamento, escuchen al pueblo, escuchen a los trabajadores y volvemos a decir la 8732 no se toca”. Además, incitó a los legisladores a que recorran las escuelas y pregunten por las condiciones en las que se dictan clases.

Ronda de preguntas de los legisladores

Antivero, la secretaria adjunta de Agmer, Lía Finpel y el secretario gremial de AMET, Roberto Aguirre, respondieron a las consultas de los senadores. 

En un primera instancia a Antivero se le consultó por qué consideraba que el contexto actual no es adecuado para avanzar con una reforma previsional. En ese sentido, sostuvo que los docentes atraviesan "un deterioro terrible del poder adquisitivo" y citó un estudio del Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos (Cisper), según el cual entre julio de 2023 y marzo de este año la capacidad de compra del salario cayó un 45%.

"En esta situación económica, avanzar con esta reforma profundiza el proceso de empobrecimiento de los trabajadores", advirtió. Además, cuestionó el ajuste en materia educativa al señalar que el presupuesto nacional para 2026 reduce la inversión en educación al 0,75% del PBI, cuando la Ley de Financiamiento Educativo establece un piso del 6%, y reclamó la reapertura de la paritaria nacional docente para discutir una recomposición salarial.

Ante la consulta del legislador Juan Pablo Cosso  sobre la idea de otro plan para poder sanear las cuentas de la Caja, el dirigente gremial explicó que la multisectorial presentó un proyecto alternativo para financiar la Caja de Jubilaciones, basado en un fideicomiso con recursos específicos destinados exclusivamente al sistema previsional.

Según indicó, la iniciativa busca sanear las cuentas "sin retraer más recursos de los trabajadores", a diferencia del proyecto impulsado por el Ejecutivo. Asimismo, cuestionó la posibilidad planteada durante las primeras reuniones de que los docentes de mayor edad puedan acceder a cambios de funciones para permanecer en actividad. Afirmó que esa alternativa implicaría incorporar nuevos cargos para cubrir las aulas, lo que, a su entender, incrementaría el número de trabajadores activos y no resolvería el problema de financiamiento que se pretende abordar con la reforma.

Por su parte, Finpel fue consultada por el artículo 6 del proyecto, referido a la sostenibilidad del sistema previsional y su vinculación con las negociaciones paritarias. Al respecto, sostuvo que esa disposición "vulnera la libertad sindical", ya que condiciona los acuerdos salariales a la sustentabilidad financiera de la Caja. Según explicó, esa cláusula podría limitar las futuras negociaciones colectivas y afectar indirectamente a los jubilados docentes, quienes quedarían sujetos a los incrementos que se definan para el escalafón general. "Es mentira que los jubilados no se van a ver afectados, porque la posibilidad de trasladar los aumentos quedará condicionada por este criterio de sustentabilidad", concluyó.

Palabras tras la reunión de Comisión

Al finalizar las preguntas y tras dos horas de ponencia, se levantó la reunión de la Comisión y en una rueda de prensa, el secretario gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Diego Sacchi y el secretario gremial de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Roberto Aguirre dialogaron con la prensa allí presente.

Desde Sadop explicaron que, en el caso de los trabajadores de gestión privada, la reforma previsional se suma a otros cambios normativos que, a su entender, significan una pérdida de derechos. “Este proyecto se inscribe en un proceso de pérdida de derechos que venimos sufriendo desde hace tiempo”, señaló, al recordar que el sector ya se encuentra alcanzado por la legislación de modernización laboral.

Los representantes gremiales destacaron que durante la reunión pudieron desarrollar sus planteos y aseguraron que los senadores realizaron consultas sobre los distintos aspectos expuestos. “Hubo preguntas para todos los que estábamos presentes y vimos que la Cámara estaba atenta a todo lo que decíamos”, indicó.

Entre los argumentos presentados, los sindicatos sostuvieron que existen alternativas para financiar la Caja de Jubilaciones sin necesidad de modificar el régimen previsional. En ese sentido, recordaron que oportunamente presentaron una propuesta paralela con mecanismos de financiamiento.

Asimismo, consideraron que el contexto económico actual no resulta adecuado para avanzar con una reforma de estas características. “No creemos que sea el momento histórico ni el momento financiero de las familias para una ley que lo que hace es retraer más recursos”, afirmó Aguirre.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo centrado en el tratamiento de los regímenes especiales docentes. Según explicaron, el proyecto prevé que quienes accedan a la jubilación bajo ese régimen deban continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad establecida para el régimen general.

A ello se suma la modificación en el cálculo del haber inicial, que pasaría de considerar los últimos diez años de aportes a un promedio de veinte años. “Los docentes comenzamos la carrera con pocas horas cátedra y salarios bajos. Si el promedio se toma sobre veinte años, la jubilación disminuye considerablemente”, explicaron.

De acuerdo con los cálculos expuestos durante la reunión, la combinación de ambas medidas provocaría que un docente jubilado perciba un ingreso cercano al 62% del salario que le correspondería bajo el régimen vigente.

Finalmente, desde AMET adelantaron que continuarán participando de la multisectorial que rechaza la reforma previsional y confirmaron que en los próximos días presentarán ante la Cámara de Senadores las firmas recolectadas en distintos centros urbanos para respaldar el pedido de modificación del proyecto.

Asimismo, anticiparon que la semana próxima continuarán las actividades previstas dentro del plan de lucha impulsado por los gremios y organizaciones que cuestionan la iniciativa del Ejecutivo provincial. (APFDigital)