El año 2026 no debería terminar sin una definición, ya sea por sí o por no. Para fines de diciembre, la multinacional HIF Global —pionera en el desarrollo de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono biogénico— tiene que decir si los números le cierran para realizar la que podría ser la inversión más grande en la historia de Uruguay, y punta de lanza de una industria que por ahora no es más que una promesa a nivel global.

Pero antes tienen que acomodarse ciertas cosas.

Algunas de ellas son propias de un negocio emergente que nadie sabe con certeza cuán viable puede ser —pero que promete retornos multimillonarios si las cosas se acomodan de la manera justa.

Otras tienen que ver con obstáculos específicos que deben sortear en Uruguay. Y el principal de ellos —descontando otros factores como los permisos ambientales y las tensiones con Argentina— es un viejo conocido de los emprendimientos productivos, sin importar su tamaño: la UTE y el precio de la energía.

Ese “cuello de botella”, como lo llaman desde HIF, motivó una nueva prórroga en el cronograma de acuerdos que se habían fijado el gobierno y la empresa en diciembre de 2025 y que preveía tener solucionado este punto para marzo.

El último memorándum de entendimiento estipulaba su caducidad en caso de que no se firmara un contrato de inversión a los 90 días, es decir el 31 de marzo de 2026. Ante la falta de acuerdo, se aprobó una extensión del plazo por tres meses más.

Aunque ambas partes destacan que ha habido avances en las negociaciones y que "lo más probable" es que haya acuerdo más pronto que tarde, la dilatación de esas definiciones ha llevado a HIF a advertir que la “ventana de oportunidad” podría “cerrarse” si no se cumplen los plazos, y que la compañía podría priorizar otros destinos en caso de no avanzar lo suficiente en Uruguay.

Mientras tanto, desde el gobierno dicen que no pueden “regalarle” la energía a la empresa o “subsidiar” su modelo de negocios, aunque también confían en que las diferencias —que ya se han achicado— podrían saldarse a tiempo. "Con todas las variables arriba de la mesa, creo que nos vamos a poner de acuerdo", resume una fuente de la administración de Yamandú Orsi.

El proyecto de HIF Global, a instalarse en la localidad de Constancia en Paysandú, consiste en la construcción y operación de una planta de e-combustibles a partir de hidrógeno verde (aquel que se genera con energía eléctrica de fuentes renovables) y dióxido de carbono biogénico (capturado de procesos industriales de destilación o quema de biomasa forestal), con una producción estimada de unas 880.000 toneladas por año. En caso de concretarse, la empresa tiene previsto entregar los primeros embarques a finales de 2029.

En su etapa final, la inversión sería de unos US$ 5.385 millones, lo que la convertiría en la más grande de la historia de Uruguay. Las autoridades del gobierno, mientras tanto, suelen hablar de una inversión de mil millones en su etapa inicial.

Para eso, de todos modos, faltan algunas definiciones clave.

Aunque el debate público en torno a la iniciativa se ha centrado en los aspectos ambientales y la tensión generada con la localidad de Colón (Argentina), la principal de las incertidumbres está dada por el precio de la energía a acordar con UTE, una variable que representa aproximadamente 70% del costo del proyecto.

¿Cuál es la importancia de esa variable en la ecuación global y cuáles son las complejidades de la negociación con el gobierno? Una fuente del mercado energético lo resume así: “HIF ya ha anunciado que tiene potenciales compradores (offtakers) de su producto, algunos a 15 años. Pero esos acuerdos son a determinado precio. Y para proveer a esos precios es clave que el costo de la energía no se salga de determinado margen”.

Sucede que para producir los combustibles sintéticos, HIF prevé instalar varias plantas industriales en una estructura modular: una de ellas producirá hidrógeno verde por electrólisis, otra planta capturará el dióxido de carbono de ALUR y de biomasa (combustión de residuos forestales), otra transformará esos componentes en eMetanol, y una última tomará el eMetanol para producir eGasolina. Todo ello requiere grandes volúmenes de energía eléctrica que, para que el producto final sea catalogado como “verde”, tiene que provenir de fuentes renovables en más de un 90%.

De concretarse la inversión, el diseño prevé la instalación, por parte de HIF, de un parque eólico y una planta de paneles solares fotovoltaicos, que generarían una capacidad de aproximadamente 2,3 gigavatios de energía, similar a lo que consume el país en sus picos. Pero la iniciativa requiere un acuerdo con UTE por varios motivos: primero, porque en la etapa inicial se alimentará a través de energía suministrada por la empresa pública; segundo, porque en etapas posteriores requiere de estabilidad en el suministro.

Ahí es cuando entra en la ecuación el asunto del precio.

En su plan de negocios inicial, presentado en 2023 cuando obtuvo la mejor puntuación en un llamado de ALUR a proyectos de captura de dióxido de carbono, HIF calculó la compra de energía eléctrica a unos US$ 40 el megavatio hora (MWh). Y ese ha sido el número que la empresa ha defendido como parámetro, al menos públicamente.

Del otro lado, el Estado uruguayo, primero bajo la administración de Luis Lacalle Pou y luego bajo el gobierno de Yamandú Orsi, ha planteado números más altos, con una brecha que —algunas veces en propuestas formales, otras más de índole informal— ha ido desde algo más de diez dólares por MWh de diferencia hasta más que el triple de lo reclamado por la empresa.

El precio de la estabilidad

Durante el gobierno de Lacalle Pou, en el que se firmó el primer memorándum de entendimiento y empezaron a correr los plazos para la concreción de la inversión, hubo intentos por sellar un acuerdo pero no se logró.

Según fuentes políticas y empresariales consultadas para este informe, en un primer momento UTE planteó un precio de más de US$ 150 por MWh, es decir el triple de lo estimado por la compañía. “Lo trataban como si fuera un gran consumidor y le corrían la paramétrica con esos criterios, que incluye lo que implica asegurar la estabilidad y el abastecimiento para esos volúmenes”, explica una fuente del mercado energético al tanto de las negociaciones. Desde ese planteo inicial hasta el punto actual de las negociaciones ha habido “varios estancamientos” pero también “varios avances”, según resumen las fuentes consultadas.

Las actuales autoridades de gobierno sostienen que la negociación del precio no puede ser “a la ligera” y que no se puede aceptar “cualquier número” con tal de que el negocio salga. “Después vienen otros clientes de UTE y preguntan: ¿a mí por qué me cobrás más?”, grafica una figura del gobierno.

Desde HIF, en cambio, plantean que —más allá de las oportunidades “estratégicas” que genera la iniciativa para Uruguay— lo que se está negociando no es un precio de compra común y corriente y que, como tal, tiene otras complejidades. “Esto es un contrato de compraventa”, dice una fuente cercana a la empresa. “La empresa va a tener su energía. Lo que precisa comprar es estabilidad y certeza, que es lo que le brindaría UTE”.

Lo que plantea HIF es que, ante los vaivenes que pueda tener su generación eólica y solar, un acuerdo con UTE le permitiría un suministro seguro y confiable. “La ecuación es: vos la estabilizás y me la volvés a vender”, señala la fuente.

Hay otras complejidades adicionales, como que en una primera etapa la empresa se abastecería únicamente a través de energía de UTE (es decir, sería solo comprador), y que en etapas posteriores existen otras variables, como cuestiones de infraestructura a negociar entre ambas partes. “Todo eso hace que no sea un solo número mágico. Puede haber ciertas variables”, dice otro de los consultados.

Alertas distintas

Lo cierto es que desde HIF han insistido públicamente en los 40 dólares por MWh, tal como lo expresó su CEO en Uruguay, Martín Bremermann, semanas atrás en un taller con periodistas de Paysandú. “Nosotros lo que hemos hecho es mantener la coherencia. El mismo número que elegimos en 2023 es el mismo que le venimos diciendo. No hemos cambiado”, sostuvo el representante de la empresa, según consignó El Telégrafo.

En esa instancia, Bremermann insistió en que la falta de un acuerdo en ese punto era el “riesgo mayor” del proyecto en esta etapa, y alertó por los precios más competitivos en otros países. “Paraguay está ofreciendo a 25, Chile a 32, Brasil a 36 y Uruguay no alcanza los 40 dólares”, dijo Bremermann, y agregó que Brasil —donde HIF también tiene un proyecto de e-combustibles— ha “acelerado” en el último tiempo y que “si Uruguay no cumple con los plazos, se deben cumplir desde otra planta”.

En su informe correspondiente a diciembre de 2025, SEG Ingeniería señala que el precio de la tarifa eléctrica industrial (con un consumo mensual de 400 MWh) era de US$ 145 por MWh en Uruguay, frente a US$ 43 en Paraguay, US$ 184 en Chile y US$ 117 en Brasil.

Una mejor aproximación, según algunos consultados, es el costo de abastecimiento de la demanda. De acuerdo a un informe de la consultora Exante, en base a Mercados Energéticos y el Observatorio de Energía de la Universidad Católica, ese costo promedio entre 2015 y 2024 fue de US$ 44 el MWh. En enero de este año, el costo unitario fue de unos US$ 53 por MWh, y durante el año pasado osciló entre unos US$ 40 y algo más de US$ 60.

Por fuera de las conversaciones, el sindicato de UTE (AUTE) salió en las últimas semanas a marcar su postura crítica con los detalles del proyecto. Su presidente, Jhony Saldivia, dice a El País que observan ciertos “riesgos” en la iniciativa, desde el precio de la energía y su impacto en los números del ente hasta los “peligros” de tener eventualmente un privado con tanta capacidad de generación de energía. Esa mirada, que está bastante extendida entre mandos medios de UTE, identifica como negativa la posibilidad de que en un futuro el ente sea desplazado del negocio de compraventa de energía. La otra mirada plantea que la propia evolución del mercado energético no ofrece sino más oportunidades para UTE, y que para este caso específico HIF no ha planteado interés en comercializar su energía más allá del acuerdo con la empresa estatal.

Como sea, la hoja de ruta del gobierno y la empresa mantiene a fines de diciembre como plazo para que HIF comunique su decisión final de inversión. Para llegar a ese punto, la empresa necesita salir a buscar financiamiento a nivel internacional, y para eso a su vez requiere tener cerrados los costos del proyecto. Aunque el plazo para firmar el contrato de inversión (un paso previo a la decisión final) se corrió hasta junio, en HIF entienden que la definición del precio de la energía debería estar pronta para fines de mayo para así poder cumplir con los plazos.

Además de la negociación con UTE, HIF también tiene pendiente cerrar su acuerdo con ALUR para el suministro de dióxido de carbono.

“Tenemos que hacer el cierre financiero a finales de 2026. Para eso necesitamos toda la información seis meses antes, es decir junio. Y la confirmación de la energía debería llegar entre abril y mayo”, dijo Bremermann.

Ante los vaivenes del mercado energético a nivel global, y sus posibles impactos en la ecuación de costos o el acceso a financiamiento, desde la empresa señalan a El País que “los cambios en el contexto geopolítico y financiero no alteran la hoja de ruta de HIF en Paysandú”.

La “otra Botnia”

Además de la viabilidad económica del proyecto, otra variable relevante de cara a la decisión final de inversión es el capítulo ambiental, que incluye también los fuertes cuestionamientos del lado argentino por la eventual presencia de la planta a pocos kilómetros de la costa de Colón a orillas del río Uruguay.

Ese punto ya motivó una serie de cambios al diseño original por parte de la empresa, pero no calmaron las tensiones con la comunidad vecina y su dirigencia política. Una parte de los cuestionamientos se centra en la “contaminación visual” de la planta, que podría impactar en el turismo de Colón. Movimientos ambientalistas también cuestionan potenciales impactos de los procesos industriales, desde la quema de biomasa a la producción de metanol.

La empresa presentó en marzo el Estudio de Impacto Ambiental ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), un paso clave para la autorización ministerial.

A mediados de ese mes, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dijo que no iban a permitir “otra Botnia” y lanzó una amenaza con ir a un juicio internacional: “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos. A todos lados vamos a ir”.

El presidente Orsi respondió que el gobierno uruguayo está en contacto “permanente” con sus pares argentinos y que trabajan para evitar un conflicto. “Sé lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Eso tiene que ver con decisiones que tendrán que tomar los privados, por supuesto a sugerencia del Estado uruguayo”, afirmó Orsi. Y agregó: “Venimos bien con la empresa; creemos que vamos a lograr acuerdos para disminuir los problemas con los vecinos argentinos”.

Entre la documentación que el gobierno uruguayo le exigió a HIF se incluye la evaluación de posibles impactos en Argentina y medidas de mitigación. Pero hay algo que no cambiará: la localización de la planta es la que es, ya obtuvo la recategorización de los suelos y ya recibió la Viabilidad Ambiental de Localización, más allá de los permisos que restan obtener. La única posibilidad de que la planta no se haga allí, en definitiva, es que el proyecto no prospere. La noticia debería conocerse antes de que termine el año.

La lista de empresas que han cerrado en el departamento Paysandú

En Paysandú hay expectativa por la posible instalación de la empresa HIF Global. Sobre todo porque el departamento, históricamente industrial, viene golpeado hace ya muchos años.

El reciente parate en la planta de AmBev y la incertidumbre sobre el futuro del negocio del pórtland, que en parte se trasladaría a Minas, son los últimos dos casos de una larga serie de impactos.

Las cifras de desempleo son críticas. En 2024 se registró la tasa más alta del país con 14,8%, el doble que en Montevideo. El último dato que se conoció este año es de 10,8% detrás de Treinta y tres, que lidera con 13,8%. Se perdieron al menos unos 1.400 puestos directos de empleo en la industria sanducera desde 2016, sin contar todos los que se mueven alrededor, según los datos oficiales.

Una imaginaria lista de históricas industrias de Paysandú que hoy ya no existen, se reconfiguraron jo se achicaron incluye a Paylana, Paycueros, Cármica, Famosa, Pili, el frigorífico Fricasa, Norteña y una embotelladora de Coca-Cola.

"No es que nos quejemos por dos empresitas que caen", explicó un industrial vinculado al departamento, en un informe publicado el lunes 30 de marzo en esta misma sección, "es que a lo largo de la historia han venido cayendo y cayendo, y ahora se cae todo lo que quedaba".

Fuente: El País - Martín Tocar