La provincia de Corrientes reactivó su histórico reclamo por el pago de regalías hidroeléctricas, apuntando no solo a Yacyretá sino también a la represa de Salto Grande.

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este lunes una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en la que se avanzó con una instancia de negociación junto a organismos nacionales.

Como resultado, se fijó una nueva audiencia para el 22 de abril, en lo que representa un paso clave dentro de un conflicto de larga data. El planteo de Corrientes se centra en el cobro de regalías por la energía generada en estas represas, bajo el argumento de que la provincia aporta recursos naturales —como el agua de los ríos— y territorios vinculados al sistema energético, pero no recibe una compensación acorde.

En el caso de Yacyretá, el reclamo tiene antecedentes más consolidados, dado que parte del territorio correntino se ve directamente afectado por el embalse. Sin embargo, la inclusión de Salto Grande dentro del planteo amplía la discusión y genera especial interés en la provincia de Entre Ríos.

La represa de Salto Grande, administrada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, es uno de los principales complejos hidroeléctricos del país y abastece de energía a gran parte del sistema nacional.

Corrientes sostiene que, aunque la represa no está emplazada en su territorio, forma parte del sistema hídrico del río Uruguay, cuyas cuencas también involucran a esa provincia. Bajo esa interpretación, reclama participar en el reparto de regalías que actualmente se distribuyen principalmente entre Entre Ríos y el Estado nacional.

Este punto es particularmente sensible para Entre Ríos, donde Salto Grande no solo genera energía sino también representa recursos económicos para todo su radio de influencia.