La elevada tasa de suicidios en Entre Ríos, la más alta del país y con un impacto particular en jóvenes, genera preocupación entre especialistas y autoridades, revela un informe de la periodista María Nöllmann para La Nación.

La problemática también mantiene en alerta a los adolescentes: su inquietud quedó reflejada en la última edición del Senado Juvenil, un programa provincial en el que participaron, a mediados de 2025, cientos de estudiantes de nivel secundario de todos los departamentos entrerrianos.

En esa edición, los jurados observaron un fenómeno nuevo: la problemática de la crisis de salud mental, en general, y el suicidio, en particular, se repitió una y otra vez entre las distintas iniciativas legislativas propuestas por los estudiantes.

Este programa tiene dos etapas. En la primera, los alumnos de los últimos años de distintas escuelas secundarias redactan su propio anteproyecto legislativo y luego lo presentan a nivel departamental. En la segunda instancia, un jurado elige un anteproyecto ganador por cada departamento.

Los seleccionados pasan a competir a nivel provincial, en la sede de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, en Paraná. “En la primera instancia, de los 28 proyectos presentados, 20 abordaron la prevención del suicidio. En la etapa provincial ocurrió algo similar: además del nuestro, se evaluaron otros cuatro proyectos sobre el mismo tema.

Los docentes nos explicaban que, por lo general, las propuestas suelen ser diversas. Esta repetición muestra la dimensión de la preocupación”, dice Antonella Martínez, de 17 años, una de las tres autoras del proyecto que representó a Colón en el Senado Juvenil y que, tras llegar a Paraná, fue tomado por el Senado y aprobado por mayoría.

Su iniciativa, la declaración de la Emergencia Sanitaria en Salud Mental en Entre Ríos por 12 meses, se encuentra desde el 25 de noviembre de 2025 a la espera de la aprobación del Poder Ejecutivo.

Elaborado por Martínez y dos compañeros del Instituto Comercial Privado Almafuerte de Villa Elisa, Axel Benítez y Ashley Viollaz, y guiado por las docentes Natalia Gorosito y Evangelina Bracco, el pedido de declaración, que obtuvo un amplio apoyo entre los senadores provinciales, exige un redoble de los esfuerzos estatales en prevención del suicidio.

Plantea, concretamente, el fortalecimiento de las redes de contención oficiales —mayor presencia de personal especializado en salud mental en los centros de atención del sistema público— para la prevención y atención. También pide la capacitación en prevención de suicidio del personal del sistema de salud y de la comunidad en general, y un aumento de la comunicación oficial sobre los sitios donde se puede pedir ayuda.

La iniciativa de los tres estudiantes de Villa Elisa surgió tras el suicidio de Lorena Lovera, la directora del Instituto Comercial D-46, de la localidad vecina San José, en mayo de 2025. “Dicha situación nos conmovió, porque no fue un hecho aislado, sino una noticia recurrente”, dice el texto del pedido de declaración.

Martínez destaca que fue puntualmente tras este suicidio que una de las docentes de su colegio generó un espacio de debate en clase y esto abrió un intercambio entre los estudiantes que plantearon su preocupación: muchos de ellos dijeron verse reflejados de cerca por la problemática.

En el caso de Martínez, el tema cala especialmente hondo: su madre se quitó la vida cuando ella tenía 6 años. Pero no es la única: de acuerdo a un relevamiento que ella y sus compañeros de proyecto realizaron mientras creaban la iniciativa, respondido por 339 vecinos, el 60,8% manifestó haberse visto afectado de manera cercana por la problemática del suicidio.