El núcleo del conflicto es doble. Por un lado, la exigencia de que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025, vetada por el presidente Javier Milei y luego reafirmada en ambas cámaras legislativas (con lo cual el veto quedó sin efecto legal, según la posición de los gremios y de buena parte de la oposición parlamentaria)

. Por el otro, el reclamo de un aumento salarial del 51%, cifra que surge de la diferencia entre los incrementos otorgados unilateralmente por el Ejecutivo y la inflación del período.

Lejos de atender esas demandas, el Gobierno respondió con una contrapropuesta que los docentes rechazaron de plano: un aumento del 12% a pagar en tres cuotas hasta octubre de 2026.

Fuente: APFDigital