La preocupación por los niveles de distracción en las aulas, el deterioro en los resultados de aprendizaje y los efectos negativos de las redes sociales sobre la salud mental de niños y adolescentes, impulsaron una serie de normativas que marcan un cambio cultural profundo. La tendencia, además, no es exclusiva de Argentina: Brasil, Chile, Bolivia y Perú ya cuentan con legislación específica, y México avanza en la misma dirección.
El dato que más inquieta a las autoridades educativas surge del informe PISA 2024: Argentina lidera, entre los ochenta países relevados, el porcentaje de estudiantes de 15 años que reconocen distraerse en clase por el uso de dispositivos propios o de sus compañeros. Más de la mitad de los alumnos argentinos admite perder la concentración por causa del celular, una cifra que supera ampliamente el promedio internacional. En ese contexto, las restricciones no surgieron como ocurrencias aisladas sino como respuestas a una evidencia acumulada.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la jurisdicción argentina pionera. En agosto de 2024, el jefe de gobierno Jorge Macri oficializó, mediante la resolución ministerial N° 2075 del Ministerio de Educación porteño, la prohibición del uso de celulares en los niveles inicial, primario y secundario de todos los establecimientos educativos, sean públicos o privados. En el nivel primario, la restricción se extiende también a los recreos; en el secundario, los dispositivos deben permanecer guardados salvo indicación docente con fines pedagógicos.
La provincia de Entre Ríos es, hasta ahora, una de las jurisdicciones que permanece al margen de esta tendencia nacional. No porque el tema sea ajeno a su Legislatura, sino porque la iniciativa que existe lleva meses sin movimiento.
En septiembre de 2025, el diputado Carlos A. Damasco, de La Libertad Avanza Entre Ríos, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las aulas en todos los niveles y modalidades de educación obligatoria, tanto en establecimientos públicos como privados. Lo acompañaron como coautores legisladores de distintas fuerzas: Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular; Lorena Arrozogaray, del Partido Justicialista; y Fabián Rogel, de Juntos por Entre Ríos.
Esa composición multipartidaria desde el origen es un dato político relevante: la iniciativa no surgió como bandera de un solo espacio sino con respaldo transversal, lo que en condiciones normales facilitaría su avance legislativo. Sin embargo, y a pesar del contexto favorable dado por las aprobaciones en CABA, Neuquén, Salta y la provincia de Buenos Aires durante el mismo período, el proyecto entrerriano no registra avances en comisión ni fecha de debate establecida. Entró al Parlamento, fue oficialmente presentado, y allí quedó.
Fuente: Analisis
