El Gobierno de Entre Ríos formalizó la creación de la Agencia de Desarrollo de la Provincia, un nuevo organismo descentralizado y autárquico destinado a impulsar el crecimiento del sector privado, con especial foco en las micro, pequeñas y medianas empresas. La medida quedó oficializada tras la publicación del decreto reglamentario en el Boletín Oficial.

La Agencia contará con autonomía funcional, administrativa, financiera y técnica, además de patrimonio y presupuesto propios. Entre sus objetivos centrales se encuentran la promoción de exportaciones, la captación de inversiones nacionales e internacionales y la simplificación de trámites, con la finalidad de mejorar la competitividad de los productos y servicios entrerrianos y facilitar la formalización y expansión empresarial.

El nuevo organismo también brindará asistencia técnica y capacitación a pymes, y trabajará en el posicionamiento de la marca Entre Ríos como destino atractivo para inversiones productivas. La iniciativa había sido anunciada por el gobernador Rogelio Frigerio en encuentros con el sector empresario y fue sancionada por la Legislatura provincial a fines del año pasado.

La estructura mínima prevé un Coordinador General, a cargo de la conducción y la planificación estratégica, que será designado y removido por el Poder Ejecutivo. El cargo tendrá una remuneración equivalente a la de un Director General.

Además, funcionará un Consejo de Asesores de carácter consultivo, no vinculante y ad honorem, integrado por representantes de cámaras empresariales y entidades vinculadas a la actividad económica y productiva. Este consejo será presidido por el titular del Ministerio dispondrá de personal propio, que se regirá por la Ley de Empleo Público de Entre Ríos.

Los nombramientos estarán a cargo del Coordinador General, con posterior validación del Poder Ejecutivo.

En cuanto a los recursos, el nuevo ente se financiará con partidas del presupuesto provincial, además de donaciones, convenios y aportes de organismos nacionales e internacionales, y fondos generados por servicios o actividades específicas. El funcionamiento estará bajo la supervisión del Poder Ejecutivo, con la obligación de rendir informes públicos de gestión y resultados.

Con esta herramienta institucional, el gobierno provincial busca consolidar una política activa de desarrollo económico, articulando al Estado con el sector privado para generar inversiones, empleo y mayor competitividad en la provincia.