Según Ahora, la iniciativa proviene del Poder Ejecutivo. Se fundamenta en el “cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente”.

Asimismo, la norma asegura que, sin continuidad del régimen de emergencia, se constituiría “un riesgo para el interés público comprometido, al frustrar los mecanismos legales diseñados para la regularización de las obligaciones asumidas y comprometer la continuidad administrativa de la obra pública”.