Con la Resolución 48/2025, publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte dispuso que los valores orientativos que hasta ahora servían de guía para la contratación quedarán sin efecto, en el marco de un proceso de desregulación del sector.

La medida implica que los precios de los fletes quedarán sujetos a la libre negociación entre dadores de carga y transportistas, sin la obligación de consignar una tarifa de referencia en la Carta de Porte.

Según el texto oficial, el Estado solo intervendrá ante denuncias puntuales por conductas anticompetitivas, con pruebas acreditadas, dejando atrás el esquema de mesas de negociación participativa que involucraban al sector público y privado. Esta decisión impactará de lleno en la economía entrerriana vinculada al sector tanto transportista como agrario. La eliminación de las tarifas de referencia representa un cambio estructural para la logística del agro, uno de los sectores más sensibles del comercio exterior argentino.

El transporte automotor de granos es clave en la dinámica de exportación, ya que conecta los centros de producción con los puertos y terminales de embarque. En un país donde más del 80% de los granos se moviliza por camión, la definición de precios de transporte impacta directamente en los costos logísticos y en la competitividad de la cadena agroindustrial.

Con el nuevo esquema, las tarifas quedarán completamente expuestas a las condiciones del mercado: oferta y demanda, disponibilidad de unidades, estacionalidad de las cosechas y costos de insumos como combustibles y repuestos. La medida puede favorecer a los grandes actores con capacidad de negociación y flotas propias, mientras que los pequeños transportistas podrían enfrentar mayor presión en las discusiones de precios. Del lado de los productores, la eliminación de un marco tarifario común abre la posibilidad de acuerdos más flexibles, pero también de mayor dispersión de valores entre regiones.

Con esta decisión, el Estado abandona un rol de mediador que ejerció durante casi una década y transfiere la responsabilidad plena de definir tarifas al ámbito privado. Se consolida así un nuevo escenario para la logística del agro, donde la competitividad dependerá cada vez más de la eficiencia operativa y de la capacidad de negociación de los distintos eslabones de la cadena.