El tribunal, integrado por los jueces Pablo Garrera Allende, Maximiliano Larocca Rees y Clara Mondragón, dictó sentencia en contra de Ocampo, quien fue condenado a seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que Barrios enfrentará cuatro años tras las rejas. Es importante señalar que esta decisión aún no es definitiva, ya que ambos pueden apelar el fallo.

La causa se inició en 2021 dentro de una investigación sobre una organización narcotraficante que operaba en varios barrios de Concordia. A través de escuchas telefónicas, se registraron múltiples comunicaciones entre Barrios y el entonces jefe de Investigaciones policiales.

Los fiscales José Arias y Daniela Montangie presentaron pruebas que revelan cómo Ocampo ofrecía su influencia policial para salvaguardar los intereses comerciales de Barrios, utilizando agentes para proteger su empresa y llevar a cabo investigaciones o intimidaciones a solicitud del empresario.

Uno de los episodios más graves expuestos por la Fiscalía fue el intento de Barrios de establecer un monopolio en la distribución de gaseosas Manaos en Concordia y sus alrededores. Luego de que un comerciante se negara a comprarle el producto, Barrios lo siguió hasta Villaguay, donde lo interceptó y lo amenazó.

Posteriormente, Barrios contactó a Ocampo, quien, aprovechando sus conexiones, orquestó un operativo policial para detener al comerciante bajo el pretexto de que transportaba productos de manera irregular. Este incidente evidenció el uso ilegal y sistemático de recursos policiales en favor de intereses privados.

Durante el juicio, que comenzó en febrero, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas severas para ambos acusados por delitos como cohecho, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, tenencia ilegal de armas y amenazas calificadas, todos en concurso real.

Barrios fue defendido por los abogados Pablo Moyano Ilundain y Brenda Vittori, mientras que Eduardo Gerard representó a Ocampo.

La sentencia envía un contundente mensaje en contra de la corrupción institucional y la colusión entre el poder público y privado. La Justicia determinó que existió una relación ilícita entre los condenados, donde el excomisario actuaba como un operador armado para Barrios, distorsionando las funciones de la fuerza de seguridad provincial.

Este caso, inicialmente liderado por el actual intendente Francisco Azcué, establece un precedente significativo en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción policial en Entre Ríos.