Entre enero y septiembre de 2026, el sistema sanitario público dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos realizó 1.400 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE), en el marco de la Ley Nacional 27.610.
Cabe precisar que ningún método anticonceptivo es 100 por ciento eficaz y que pueden existir diversas circunstancias que lleven a una persona a requerir una interrupción del embarazo, ya sea por dificultades en el acceso, en su utilización o por situaciones particulares que demanden una respuesta específica. Por eso, la política sanitaria contempla ambas dimensiones: fortalecer las estrategias de prevención y, al mismo tiempo, garantizar una atención segura, confidencial y respetuosa cuando corresponde.
La atención se desarrolla a través de una red provincial integrada por centros de salud y hospitales, con participación de equipos interdisciplinarios. "El primer nivel de atención cumple un rol central en la recepción de las consultas, la información y el acompañamiento inicial y, cuando la situación requiere una mayor complejidad, se articula la atención con un hospital de referencia que garantice la práctica. Esta organización busca acercar la respuesta sanitaria a las comunidades y evitar desplazamientos innecesarios", sostuvo la jefa de la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, Carolina García.
Para sostener el funcionamiento de la red, desde la gestión provincial se trabaja en la planificación de las compras, la distribución de medicamentos e insumos y el monitoreo de existencias, consumos y vencimientos. La estrategia contempla también la redistribución de recursos ante eventuales faltantes y la disponibilidad del equipamiento necesario para los procedimientos, incluida la aspiración manual endouterina (AMEU) en los establecimientos que cuentan con esta prestación. De esta manera, la provisión de recursos se articula con equipos capacitados y circuitos de derivación definidos.
El acompañamiento se brinda de manera integral, promoviendo el respeto a las decisiones de cada persona. Antes y durante la práctica, los equipos proporcionan información clara, realizan la evaluación correspondiente, obtienen el consentimiento informado y explican los cuidados, el manejo del dolor y las señales de alarma. Posteriormente, se realiza el seguimiento de la evolución clínica, se evalúan posibles complicaciones y, de acuerdo con cada situación, pueden intervenir profesionales de medicina, obstetricia, enfermería, psicología y trabajo social.
La atención también incluye consejería anticonceptiva, como instancia voluntaria de información y acompañamiento para elegir o continuar un método. En la red sanitaria se ofrecen preservativos, anticonceptivos orales, inyectables, implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos, según la evaluación clínica y la disponibilidad. Asimismo, se promueve la doble protección, mediante el uso combinado de preservativo y otro método anticonceptivo, para prevenir embarazos no intencionales y reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual.
En este marco, desde la División también se sostiene una política de capacitación continua de los equipos de salud, con el acompañamiento de organizaciones y equipos especializados de Buenos Aires, como la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que colaboran en el fortalecimiento de las capacidades profesionales para la atención integral. Este trabajo sostenido incluye instancias de formación y actualización en materia de interrupción del embarazo y métodos anticonceptivos, así como el acompañamiento en la provisión de insumos necesarios para garantizar la atención en la red sanitaria provincial.
