Se trata una maniobra perpetrada a través de llamados telefónicos engañosos que pretenden vulnerar la voluntad de las personas en distintas localidades de la provincia, a partir de referir a autoridades y vínculos institucionales inexistentes.

La presentación judicial fue realizada por la representación legal de la institución, con la asistencia técnica de su cuerpo de asesores jurídicos, en orden a los delitos de usurpación de títulos y estafa en grado de tentativa (arts. 42, 172, 173 inc. 16 y 247 del Código Penal) contra autores desconocidos y/o quienes resulten penalmente responsables.

Las acciones legales se sustentan en el material probatorio recabado por matriculados, quienes hicieron llegar capturas de pantalla, registros de llamadas y testimonios sobre la modalidad de contacto utilizada por los ciberestafadores.

Desde la Mesa Directiva del Consejo se remarca enfáticamente que la entidad no realiza llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp ni contactos por medios informales para solicitar claves bancarias, datos personales, transferencias de dinero ni la validación de tokens de seguridad.

La institución informó que continuará colaborando activamente con la Justicia para lograr identificar a los estafadores y de esa forma evitar que se reiteren este tipo de acciones ilícitas.

Fuente: El Entre Ríos / CPCEER