La iniciativa es autoría del diputado Sergio Castrillón (PJ) y cuenta con la coautoría de L. Arrozogaray, E. Cresto, S. Deccó, M. Ávila, J. Kramer, S. Moreno, J. Bahillo, Y. Seyler, L. Stratta y A. Zoff. El proyecto plantea establecer una política permanente para anticipar, prevenir y atender las consecuencias de las crecientes e inundaciones en la provincia.

La propuesta establece que el plan tendrá carácter prioritario y aplicación obligatoria en todo el territorio entrerriano, dentro de las competencias provinciales y en el marco de la normativa vigente. Entre sus objetivos se encuentran proteger la vida y la salud de la población, reducir los impactos sociales, económicos, productivos y ambientales, coordinar la respuesta entre los distintos niveles del Estado y preservar infraestructura crítica.

Uno de los principales puntos es la creación del Comité Provincial de Crisis Hidrológica (COPROCHI), que funcionaría como órgano de coordinación interinstitucional. Estaría integrado por representantes de áreas provinciales, municipios y comunas ribereñas, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad provinciales y federales, entre otros organismos.

Entre sus funciones se incluye coordinar la planificación y respuesta ante las crecientes, evaluar la información hidrológica, definir medidas de prevención y evacuación, establecer prioridades para la asignación de recursos durante las emergencias y coordinar la comunicación pública de alertas.

El proyecto también propone fortalecer el monitoreo de los ríos Paraná y Uruguay mediante la articulación con organismos como el Instituto Nacional del Agua (INA), la Entidad Binacional Yacyretá, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral.

Evacuación, refugios y mapas de riesgo

La iniciativa establece que el plan podrá activarse total o parcialmente cuando exista un riesgo hidrológico capaz de afectar a la población, la infraestructura, la producción o los servicios esenciales. La activación deberá considerar informes técnicos, pronósticos, niveles de los ríos y alertas de los organismos competentes.

También contempla protocolos provinciales y asistencia técnica a municipios, comunas y juntas de gobierno ribereñas para elaborar o actualizar sus propios planes de contingencia. Estos deberán incluir “rutas de evacuación, centros de refugio, mecanismos de comunicación, responsables operativos y procedimientos para la protección de personas, bienes, animales e infraestructura crítica”.

A su vez, el Poder Ejecutivo debería mantener una reserva preventiva de equipamiento e insumos esenciales, como equipos de achique, grupos electrógenos, bolsas de arena, elementos de iluminación y agua potable, además de módulos alimentarios.

En materia productiva, el proyecto prevé mecanismos simplificados para facilitar la evacuación urgente de hacienda desde islas y zonas anegables hacia lugares seguros, en coordinación con organismos provinciales, Senasa, la Policía de Entre Ríos y autoridades locales.

La propuesta incorpora además la identificación de centros de refugio temporal, programas periódicos de capacitación y simulacros, y la elaboración y actualización de mapas de riesgo hidrológico, con identificación de infraestructura crítica, vías de evacuación y áreas de refugio.

Un certificado para los damnificados

Otro de los instrumentos centrales es la creación del Certificado Único de Afectados por Inundaciones (Cudai), destinado a acreditar la condición de persona, familia o productor afectado por un evento hidrológico y facilitar el acceso a los beneficios previstos por la ley y por futuros programas.

El proyecto contempla asistencia material y económica para los damnificados, que podría incluir materiales de construcción, herramientas, elementos de saneamiento, transporte de pertenencias y familias desde los refugios hacia sus hogares y ayuda económica para materiales y mano de obra. El acceso a los beneficios para recuperar viviendas estaría condicionado a la existencia del CUDAI y a un informe técnico que determine que la vivienda es recuperable y se encuentra fuera de una zona de riesgo no mitigable.

También se propone promover líneas de crédito para particulares y productores afectados por inundaciones y emergencias climáticas, con posibilidades de tasas subsidiadas, plazos extendidos y períodos de gracia.

Un Fondo de Emergencia Hidrológica

El proyecto plantea además la creación del Fondo de Emergencia Hidrológica de Entre Ríos, destinado a financiar acciones de prevención, preparación, respuesta, asistencia y recuperación frente a crecientes e inundaciones.

El fondo se integraría con partidas específicas del Presupuesto provincial, aportes y transferencias extraordinarias del Estado nacional, donaciones, subsidios, préstamos o transferencias de organismos internacionales y otros recursos que determine la normativa.

Los autores sostienen que los recursos deberán estar sujetos a mecanismos de control, rendición y publicidad, mientras que la autoridad de aplicación deberá elevar anualmente un informe sobre los fondos asignados y ejecutados y las acciones financiadas.

“Pasar de una respuesta exclusivamente reactiva a una estrategia integral”

En los fundamentos, Castrillón advierte que la condición geográfica de Entre Ríos, delimitada por los ríos Paraná y Uruguay y atravesada por una extensa red de cursos de agua, expone recurrentemente a numerosas comunidades a los efectos de las crecientes e inundaciones.

“Frente a este escenario, resulta necesario avanzar hacia una política pública permanente que permita pasar de una respuesta exclusivamente reactiva a una estrategia integral basada en la prevención, la preparación, la coordinación interinstitucional, la reducción del riesgo y la recuperación”, sostiene el legislador.

El autor plantea que el proyecto busca establecer un marco permanente de actuación coordinada entre el Gobierno provincial, los municipios, comunas, organismos técnicos, fuerzas de seguridad y entidades de respuesta.

“Esto permite que las medidas no dependan exclusivamente de decisiones improvisadas durante la emergencia, sino que exista una planificación previa y conocida por los distintos actores”, afirma en los fundamentos.

Sobre el sistema de alertas, destaca que la información obtenida del monitoreo de los ríos debe convertirse en “alertas comprensibles y oportunas para las autoridades locales y la población potencialmente afectada”.

Finalmente, Castrillón sostiene que la iniciativa pretende “consolidar una política provincial de largo plazo frente a una problemática recurrente”, fortaleciendo la capacidad de anticipación y respuesta y reduciendo los daños sobre la población, los bienes y la actividad productiva.