La entidad gremial informó que el acatamiento al paro alcanzó el 90% en la zona, en una jornada en la que las consignas centrales fueron el rechazo a la reforma previsional, a la llamada "Ley de Educación Libertaria" y a la pérdida salarial impuesta por decreto. También se pronunció contra el contrato de alimentación escolar con la empresa Teknofood S.A. adjudicado por el gobierno provincial, la persecución a los trabajadores de la educación por parte del Ejecutivo nacional y local, y el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Asimismo, reclamó la apertura inmediata de las paritarias nacional y provincial, y la reparación urgente de las escuelas dañadas por los recientes temporales.

A nivel nacional, la medida de fuerza se desarrolla en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno nacional. CTERA señaló que la decisión de convocar al paro responde a la “permanente negativa” del Poder Ejecutivo a convocar a la mesa de negociación paritaria docente. En ese sentido, la secretaria general de la organización, Sonia Alesso, advirtió: “Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, y se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de todos los fondos nacionales destinados a la educación”.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano —a cargo de Sandra Pettovello— puso en marcha un operativo de control a través de sus agencias territoriales en todo el país, con el objetivo de verificar el cumplimiento del servicio mínimo establecido por la normativa vigente. La autoridad recordó que la Ley 27.802 de Modernización Laboral declara a la educación y al cuidado de menores como servicios esenciales, por lo que durante cualquier medida de fuerza se debe garantizar al menos el 75% de la prestación habitual.

Desde el Gobierno aclararon que las sanciones no se aplicarán de forma automática según el nivel de acatamiento, sino que se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes solo cuando se constate el incumplimiento concreto de esa obligación, respetando el derecho a defensa y la posibilidad de revisión judicial.

En la Ciudad de Buenos Aires, la protesta comenzó con una movilización sobre la Avenida de Mayo, con la participación de CTERA, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Suteba y otras organizaciones del sector. En todo el país, las clases se suspendieron en los niveles inicial, primario y secundario; aunque algunos establecimientos privados dictaron clases con normalidad, los gremios destacaron una adhesión generalizada en todo el sistema educativo.