El procedimiento fue realizado por personal de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina, a partir de una denuncia que motivó el avance de la causa.

La investigación se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo de Francisco Bernhardt, con intervención del Juzgado Federal de Concordia, encabezado por la jueza Analía Ramponi.

Durante las tareas previas, los efectivos reunieron elementos que indicarían que los trabajadores residían en construcciones sin terminar, sin acceso adecuado a servicios básicos como agua corriente y gas, sin puertas ni ventanas, sin calefacción y en condiciones consideradas inhumanas.

Además, se constató que no se encontraban registrados laboralmente, por lo que carecían de cobertura social, aportes y demás derechos laborales.

Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal ordenó el allanamiento del establecimiento rural, donde se realizaron inspecciones, relevamientos y el secuestro de documentación y otros elementos de interés para la causa.

Del operativo participaron también representantes de ARCA, integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, personal del Programa Provincial de Rescate y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas y funcionarios del Ministerio de Trabajo de Entre Ríos.