La Justicia de Bahía Blanca condenó a una concesionaria de autos a pagar más de tres millones de pesos a un cliente que compró una camioneta usada y sufrió una grave falla mecánica apenas diez días después de la entrega. El fallo estableció que el vehículo presentaba “vicios preexistentes” y responsabilizó a la empresa por los daños ocasionados.

Según se desprendió del expediente judicial, el comprador había adquirido la unidad en febrero de 2022 con el objetivo de renovar el vehículo familiar. La operación incluyó el pago total del rodado, la entrega de otro automóvil en parte de pago y los gastos administrativos correspondientes.

Pocos días después de retirar la camioneta, el hombre emprendió un viaje junto a su familia hacia la costa bonaerense. Sin embargo, tras recorrer unos 30 kilómetros, el motor se detuvo de manera repentina sobre una ruta nacional, sin que se activaran alertas en el tablero.

La pericia determinó que existía una falla previa

Tras el desperfecto, el vehículo fue trasladado nuevamente a Bahía Blanca, donde se detectó una avería severa vinculada a la válvula EGR. La pérdida total del líquido refrigerante provocó el recalentamiento y la destrucción del motor.

La concesionaria sostuvo que la rotura se produjo por un supuesto mal uso del conductor. No obstante, el comprador presentó una pericia mecánica y documentación de la reparación realizada, cuyo costo superó el millón de pesos.

El informe técnico resultó clave para la resolución judicial. El perito concluyó que la falla era compatible con un desperfecto preexistente y no con una utilización inadecuada del vehículo. Además, consideró que el daño respondía a defectos de fábrica o mantenimiento.

Qué resolvió la Justicia

El fallo fue dictado por el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Bahía Blanca, que encuadró el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y recordó que la garantía legal para vehículos usados es de tres meses.

La sentencia reconoció el reintegro de los gastos de reparación, una compensación por la privación de uso del rodado y un resarcimiento por daño moral debido a las consecuencias sufridas por el comprador. Sin embargo, el juez rechazó la aplicación de daños punitivos al considerar que no existió una conducta dolosa de la empresa.

En la resolución, el magistrado remarcó la obligación de las concesionarias de brindar información clara y responder ante defectos ocultos que impidan el uso normal de los vehículos comercializados.