El Gobierno de Santa Fe pidió reforzar el diálogo en las familias y advirtió que habrá consecuencias legales y económicas para quienes realicen amenazas en escuelas, luego de registrar 65 incidencias en una sola jornada. Las autoridades provinciales insistieron en que estos hechos no pueden ser tomados como una broma, ya que constituyen un delito y generan un fuerte impacto en las comunidades educativas. La preocupación por este fenómeno también tiene eco en la región, donde ya se encendieron alertas, como reflejó la advertencia por amenazas virales en escuelas entrerrianas.

La información fue ampliada este lunes en una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno de Santa Fe. Del encuentro participaron la vocera provincial Virginia Coudannes, el ministro de Educación José Goity, el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni y la subsecretaria de Salud Mental Liliana Olguín.

Durante la presentación, las autoridades remarcaron que en los últimos días se detectaron amenazas vinculadas a carteles, pintadas y mensajes que simulan tiroteos. Según explicaron, estas situaciones alteran el funcionamiento normal de las escuelas, generan angustia en estudiantes, docentes y familias, y obligan a activar protocolos de seguridad con un alto costo operativo.

En ese sentido, Cococcioni sostuvo que cada procedimiento demandado por una amenaza tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos y anticipó que el Estado buscará recuperar ese dinero de quienes resulten responsables. Además, explicó que desde el área de Seguridad se trabaja en dos frentes: el abordaje de la violencia en entornos digitales y la respuesta concreta frente a llamados o mensajes intimidatorios.

El ministro también precisó que solo el viernes de la semana pasada se contabilizaron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas de toda la provincia. Esa cifra encendió una nueva señal de alarma en medio de una problemática que también empujó otros debates, como el que abrió la discusión sobre el acceso de menores de 16 años a redes sociales.

Por su parte, Goity convocó a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención. Planteó que los equipos directivos, docentes y centros de estudiantes deben abordar esta problemática en las aulas e incorporarla como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar.

Además, pidió reforzar el diálogo dentro de los hogares y advirtió que estas conductas también tienen consecuencias para las familias. El funcionario señaló que, después de lo ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, se detectaron nuevas amenazas asociadas a desafíos virales que alteran la vida escolar y repercuten en toda la sociedad. Sobre ese trasfondo, el Gobierno santafesino ya había tomado medidas especiales, como se informó en la definición oficial sobre las clases en San Cristóbal mientras avanzaba la Justicia.

Goity agregó que durante la última semana se trabajó en contacto permanente con las nueve regionales educativas para monitorear e intervenir ante cada episodio. También indicó que se enviaron comunicaciones a escuelas y familias con pautas de actuación y advertencias sobre los riesgos de estas amenazas.

Por último, el ministro destacó herramientas como el Programa de Educación Digital, las rondas de convivencia, los espacios de escucha y las capacitaciones para promover un uso responsable de dispositivos y redes sociales y prevenir este tipo de situaciones.