Según informaron a Canal Once los representantes sindicales, el reclamo se originó tras la interrupción de una mesa salarial que había comenzado a fines de noviembre del año pasado. En ese ámbito, los trabajadores buscaban recuperar el poder adquisitivo perdido durante la pandemia, situación que —según señalaron— no tuvo continuidad en lo que va del año.

Desde el gremio explicaron que los salarios registraron un retraso cercano al 17%, al que se sumaron pérdidas acumuladas, lo que derivó en una caída total estimada en torno al 25%. Esta situación impactó especialmente en los empleados con menor antigüedad, quienes debieron recurrir a créditos para afrontar gastos básicos.

“Un empleado judicial tiene un cuarto menos de su sueldo”, indicaron, al tiempo que remarcaron las dificultades económicas que atraviesa el sector para sostener el consumo cotidiano.

Además de la recomposición salarial, los trabajadores exigieron el pago de adicionales contemplados en la normativa vigente, como el reconocimiento por título profesional y compensaciones por tareas específicas en determinadas funciones.

Defensa del sistema jubilatorio

Otro de los ejes centrales del conflicto fue la defensa del sistema previsional. Desde el gremio manifestaron su preocupación por posibles modificaciones que afectarían el 82% móvil, tanto para jubilados actuales como futuros.

En ese sentido, señalaron que se encuentran trabajando junto a otros sindicatos y organizaciones en una multisectorial que impulsa distintas acciones, entre ellas una marcha provincial, cuya fecha aún no fue definida.