Ante la gravedad de los hechos, se dispuso de manera inmediata la realización de una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad y el inicio de una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.

“Este tipo de prácticas constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”, indicaron desde el Estado.

Desde la gestión afirmaron luego: “Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control, espionaje y persecución política. Ese tiempo se terminó. Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo, terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.

Desde Casa Gris subrayaron que buscarán conocer quiénes pusieron los dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quiénes respondían y qué se hizo con la información obtenida: ” La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian”.