El proyecto, de ser aprobado, define que “quienes cuenten con delitos penales (incluyendo abuso sexual en todas sus formas, violación, violencia familiar y otros delitos contra la integridad sexual de niños y adolescentes) estarán inhabilitados para el ejercicio de la docencia en cualquier nivel del Sistema Educativo”.

La autora del proyecto, la diputada oficialista Susana Pérez, fundamentó que “es prioridad fundamental e irrenunciable del Estado la protección de la integridad de niños y adolescentes, la prevención de la reincidencia, la garantía del derecho a la educación en un entorno seguro, la responsabilidad del Estado en la selección del personal docente, el cumplimiento de normativas internacionales, el respeto por la dignidad de la profesión docente, las normativas nacionales e internacionales que protegen a los menores, la legislación provincial vigente, el estatuto del docente y considerandos sobre la importancia de proteger a los menores, y la idoneidad moral que un docente debe poseer”.

El proyecto tiene como objetivos: “Proteger la integridad física, psicológica y sexual de niños, adolescentes en el ámbito educativo; prevenir la reincidencia de personas con antecedentes penales por delitos sexuales; garantizar el derecho a la educación en un entorno seguro y libre de violencia; asegurar la selección de personal docente moral y éticamente idóneo; cumplir con normativas internacionales de protección a la infancia y adolescencia; y proteger la dignidad de la profesión docente”.

La diputada recordó que “la promulgación de la Ley Micaela en 2018 evidencia la continuidad en la evolución de este marco legal, incorporando la perspectiva de género como un elemento fundamental para la prevención de la violencia. Este recorrido normativo refleja una creciente conciencia sobre la importancia de garantizar los derechos y el bienestar de los niños y adolescentes en Argentina, en consonancia con los estándares internacionales y las demandas de la sociedad”.

Fuente: APF