El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó hoy una medida cautelar que frena la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNA) en sociedad anónima, en un fallo que genera un importante revés al Gobierno Nacional.

A través de esta medida, suspendió los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 116/25, que establece la transformación del BNA, y ordenó que el Estado Nacional y el Banco de la Nación se abstengan de cualquier acción para implementar la medida.

En su fallo, el juez resolvió: “Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”. Además, le solicitó al Gobierno que explique cuál es el interés público detrás de esta decisión, requiriendo que en un plazo de cinco días se presente un informe detallado sobre este punto. “Requerir a las autoridades públicas demandadas que, dentro del plazo de cinco días, produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025”, sostuvo el juez en su resolución.

El 19 de febrero de 2025, el Gobierno promulgó el DNU 116/2025, que estableció la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima bajo la Ley N° 21.526, lo que generó una gran preocupación en distintos sectores políticos y económicos.

El decreto instruyó al Directorio del BNA a tomar las medidas necesarias para llevar a cabo esta transformación, incluida la inscripción del banco como sociedad anónima ante la Inspección General de Justicia.

En respuesta a este DNU, la Asociación Bancaria solicitó la intervención judicial urgente, argumentando que esta transformación atentaba contra los principios de equidad y la soberanía financiera del país. En el marco de esta solicitud, el 20 de febrero, la actora presentó una solicitud formal para que se dictara una medida cautelar urgente. Como resultado, el juez Ramos Padilla resolvió suspender la implementación del decreto, a la espera de una respuesta formal del Gobierno respecto al interés público involucrado en la transformación del Banco Nación.