En ese sentido, resolvió no solo pedirles a las distintas listas que compiten en las PASO para cargos nacionales y que reciben dinero público para imprimir sus boletas que presenten las facturas respectivas —algo que ya venía haciendo la Justicia Electoral hasta ahora—, sino además poner a partir de estas elecciones la lupa también sobre las propias imprentas contratadas. ¿Por qué? Porque los auditores de la CNE detectaron, a partir de 2015, que hay agrupaciones nuevas sin antecedentes, que presentan múltiples listas y que por cada una de ellas reciben fondos públicos por un monto equivalente a un padrón nacional o distrital, según se trate de precandidatos a presidentes o legisladores nacionales.
En la acordada se menciona el caso de Espacio Grande, en la provincia de Santa Fe, que llevó más de una decena de listas en las PASO de 2017 y cuya rendición de cuentas fue luego desaprobada, precisamente, por falta de acreditación del gasto del aporte público para la impresión de boletas, entre otras deficiencias. El aporte por parte del Ministerio del Interior de una boleta por elector para cada lista que oficialice precandidatos para participar en las elecciones Primarias se estableció a partir de un fallo de la Corte Suprema de 2015, en el planteo presentado por UNEN y ratificado en otra sentencia de 2020, publicó Infobae.
En los fundamentos de la acordada, los camaristas Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas advirtieron “que en los procesos de control patrimonial de las campañas electorales se advierte —con cierta frecuencia— la existencia de anomalías en la rendición de gastos del aporte público para la impresión de boletas de votación”. Recordaron que en 2017, “esta Cámara hizo notar el incremento exponencial de la cantidad de listas de precandidatos oficializadas para las elecciones primarias, que en aquel entonces implicaba un aumento de más del 400% en relación con comicios anteriores”.
Hasta ahora, el control efectuado por la Justicia Electoral de primera instancia y la Cámara recaía sobre la agrupación política o la lista interna de cada alianza electoral, y bastaba solo la factura de una imprenta en la rendición del gasto de las boletas pagadas con fondos públicos. “Es un rubro que siempre se controló porque hay partidos, especialmente los chicos, que denunciaban que le robaban las boletas en el cuarto oscuro, y resulta que no siempre gastaban todo el aporte público para la impresión de boleta en ese rubro, como marca la ley, sino que usaban parte de ese dinero para otros gastos de campaña. Pero la realidad es que se tenía que tomar por válida la factura presentado ante la imposibilidad de ir a controlar físicamente a la imprenta”, explicó una fuente de la Justicia electoral. Recordó que una agrupación presentó una factura de una imprenta cuya razón social registrada ante la AFIP era una remisería. De hecho, la ley de Financiamiento de Partidos Políticos establece que “el remanente del aporte de boletas o el total, en caso que no haya sido acreditado el gasto en el informe final de campaña, deberá ser reintegrado por las agrupaciones políticas dentro de los 90 días de realizado el acto electoral”.
A partir de esta nueva acordada firmada por los camaristas “adoptar medidas orientadas a verificar la actividad material y comercial efectiva de los terceros que aparecen contratados por las agrupaciones políticas para llevar a cabo aquella impresión”. En la práctica, el cuerpo de auditores de la CNE podrá requerirles información adicional a las imprentas que emitieron facturas a las agrupaciones políticas para la impresión de boletas, como el contrato social o estatuto inscripto en el registro público pertinente o la constancia de inscripción y categoría en la AFIP. También podrá solicitarles la facturación promedio de un período determinado (para evitar que la agrupaciones presenten facturas de imprentas “fantasmas”), la facturación del servicio con la correspondiente indicación del precio unitario por boleta, el importe total y detalle de la categoría electiva a la que corresponde, el recibo de la empresa por el monto pagado por la agrupación indicando la forma en la que se recibieron los fondos, así como el remito emitido por la empresa donde conste la cantidad, calidad y descripción de las boletas impresas y entregadas.
En cuanto a la forma de pago, por el volumen de gasto implicado, la Cámara consideró debería ser solo por cheque cruzado “no a la orden” o mediante transferencia bancaria, y exigirá que se acompañen esos comprobantes junto con las constancias del gasto incurrido. En la acordada, los camaristas también resolvieron informar a la AFIP para solicitar “su colaboración para la instrumentación de las medidas” en el marco de “las políticas de intercambio de información promovidas con ese organismo”.
El aporte público por boletas este año
En la Dirección Nacional Electoral (DINE) estiman que el aporte por boletas insumirá alrededor de $12.000 millones aproximadamente, en base a lo gastado en las elecciones del 2021 y las del 2019. Evalúan que siempre en las presidenciales se consolidan más los frentes y hay menos dispersión de listas. De esa cifra, calculan que las PASO se llevarán un poco más de la mitad. En las elecciones de 2019, el aporte estatal entre las PASO y las generales alcanzó un total de $933 millones, solo para la impresión de boletas.
La DINE, organismo a cargo de Marcos Schiavi —dependiente del Ministerio del Interior—, ya definió el valor del aporte que se le pagará a las agrupaciones políticas que se inscriban para competir en las próximas elecciones nacionales para la impresión de las boletas: lo fijó en $2,92 para cada categoría o sección.
En base a ese costo de la boleta papel, Infobae publicó el domingo cuánto recibirá cada lista en cada categoría que se presente. En estos comicios, se elegirán cinco categorías: presidente y vice, parlamentarios del Mercosur distrito único, diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur distritales, y senadores nacionales en las 8 provincias que eligen sus representantes para la Cámara alta.
Así, cada una de las listas de cada partido o alianza electoral que presente precandidatos a presidente recibirá $104,5 millones. Si a eso le suma una lista propia de precandidatos a parlamentarios del Mercosur distrito único (se eligen 18 en todo el país), el monto asciende a un total de $209 millones, el equivalente al costo de las boletas para dos padrones nacionales.
Si además la lista presenta candidatos a diputados nacionales en los 24 distritos recibirá una media de $4,3 millones por cada lista de cada provincia, ya que debe cubrir el costo de otro juego de boletas por el padrón de cada distrito. Esta cifra se duplica si además presenta precandidaturas a parlamentarios del Mercosur distritales en las 24 provincias. Por último, se suman otros $6 millones en promedio para cada lista que lleve candidatos a senadores nacionales.
Así, en total, cada lista que hipotéticamente presente en las PASO precandidaturas en las cinco categorías (incluida senadores) en 8 distritos, y en las cuatro categorías (presidente, diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur distrito único y distritales) en las restantes 16 provincias, podría llegar a embolsar $467millones.
