El proyecto, impulsado por la concejal Noemí Redolfi, establece que no podrán ocupar cargos dentro en el ámbito Municipal toda persona que esté involucrada en delitos contra la Administración Pública como ser cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude, entre otros.
Tampoco por delitos contra el orden económico y financiero; los delitos contra la integridad sexual; contra el estado civil de las personas y los delitos contra la libertad; todos ellos previstos en el Código Penal. Los partidos políticos deberán acompañar a las listas de candidatos a cargos electivos, el certificado de antecedentes expedido por las autoridades competentes.