Este lunes 8 de junio se llevó a cabo una reunión entre las autoridades políticas del Consejo General de Educación y representantes de nuestro sindicato. Por el organismo participaron su presidente, Martín Müller; los vocales Griselda Di Lello y Humberto José; la directora de Información, Evaluación y Planeamiento, Claudia Azcárate; y el secretario general, Pablo Vittor; así como la vocal representante de los trabajadores, Perla Florentín. Por AGMER concurrieron el secretario general, Marcelo Pagani; la secretaria adjunta, Ana Delaloye; y el secretario gremial, Guillermo Zampedri; quienes estuvieron acompañados por Amalia Homar, coordinadora de la comisión que tiene a cargo la evaluación de los “Escenarios del retorno a las clases presenciales en Entre Ríos”, trabajo que se viene llevando adelante en el marco del Instituto de Investigaciones y Estadísticas de la organización.

La reunión fue convocada por el CGE con el propósito de avanzar en un trabajo conjunto con miras a alcanzar acuerdos sobre los criterios sanitarios y pedagógicos para retomar la presencialidad en las escuelas de la provincia. Si bien aún no se habló de fechas, sí se mencionó que el organismo viene trabajando sobre el borrador de un documento que pone el acento sobre las orientaciones para priorizar los contenidos, a la vez que señalaron que se ha mantenido un contacto permanente con las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación.

Entre los criterios planteados con relación al retorno a la presencialidad, uno de los puntos tiene que ver con la posibilidad de que sea optativo y que la decisión corresponda a las familias. También se señaló que se prestará especial atención a los grupos que se encuentran en situación de ingreso y egreso de los respectivos niveles, en particular la escuela secundaria. Por otro lado, se hizo referencia a la necesidad de analizar las mesas de exámen presenciales en el nivel superior.

Se brindaron además precisiones sobre la situación de las escuelas rurales, señaladas en medios periodísticos como el ámbito más probable para el retorno de las clases presenciales. Con relación a las mismas se detalló que son 546 establecimientos con un promedio de 10 estudiantes, la mayoría con residencia en las cercanías.

El posicionamiento de AGMER fue expuesto por el secretario general, quien realizó un análisis político de la situación y planteó que el escenario de pandemia ha visibilizado y profundizado las condiciones de desigualdad sanitaria y educativa que existían previamente, por lo que remarcó la necesidad de que se priorice en el retorno a los sectores más vulnerables de la sociedad.

También señaló los marcos institucionales desde donde nuestro sindicato viene pensando el actual contexto educativo, destacando puntualmente:

– El Acuerdo Paritario de Condiciones de Trabajo, firmado por CTERA y los ministerios de Educación y de Trabajo el pasado jueves 4 de junio.

– El Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las Aulas, con participación de CTERA (Resolución ME N° 423/2020).

– Las Orientaciones para los Procesos de Evaluación en el Marco de la Continuidad Pedagógica (Resolución CFE N° 363/2020).

Se indicó además que AGMER ha conformado una comisión de trabajo que viene analizando los escenarios de retorno a las clases presenciales, para lo cual se han llevado a cabo desde el Instituto de Investigaciones y Estadísticas relevamientos acerca de las condiciones pedagógicas, materiales y psicofísicas del trabajo docente en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Insistió también sobre la necesidad de trabajar sobre protocolos que contemplen de manera puntual las condiciones sanitarias, la infraestructura escolar, el transporte y los comedores, atendiendo a las particularidades de los diferentes niveles y sus modalidades.

Por último, desde el sindicato se hizo hincapié sobre la necesidad de reconocer que en la excepcionalidad de esta pandemia se produjeron aprendizajes más allá de la escuela, los cuales hay que recuperar y validar en dirección de fortalecer políticas públicas que garanticen la inclusión, ratificando nuestra concepción de la educación pública como un derecho social y una responsabilidad indelegable del Estado.