Sostienen que, a la obra social, donde aportan mensualmente miles de personas (en su mayoría docentes jubilados), corta coberturas como internaciones, no otorga más de una orden por mes, cobra los Papanicolau a las mujeres y mantiene información desactualizada en cuanto a los prestadores, entre otras irregularidades. Aseguran que los aportes mensuales, hace años, no tienen retorno a la provincia.