Además, dispuso la creación de un protocolo de implementación a concretarse por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, en el que participará una representación del Poder Ejecutivo, Fiscalía, Defensoría y jueces de Ejecución de Penas de la provincia.

La decisión se tomó en función de una presentación realizada por los abogados de la Defensoría General Nicolás Gabriel Chemez y Claudio Antonio Fabri, en atención a que se les prohibió a quienes están detenidos en las unidades penitenciarias provinciales el contacto con sus familiares y también las salidas transitorias, debido a la pandemia de Coronavirus que motivó la declaración del aislamiento social obligatorio por parte del Gobierno nacional.

Como base de la presentación, citaron el documento de la Mesa Interuniversitaria Nacional de Educación, entre cuyos firmantes se encuentra Natalia Campos (Uader), donde se insta a “propiciar los canales de comunicación (telefónicos y virtuales) de las y los detenidos/as con sus familiares y círculo afectivo, de manera de contribuir a mantener el contacto en esta situación excepcional de emergencia sanitaria y aislamiento social”.

El planteo de Chemez y Fabri fue respaldado por un dictamen del titular del Ministerio Público de la Defensa, Maximiliano Benítez, que lleva además las firmas de Paula Montefiori e Ignacio Mullor, defensores oficiales en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Por otra parte, el Procurador General Jorge Amilcar García, consideró “razonable” el planteo pero requirió que se establezcan medidas en paralelo, como el registro de los aparatos que entran a las cárceles y el horario de uso.