Ante una consulta efectuada desde El Entre Ríos, el coordinador de la Unidad Fiscal Concordia, José Costa, confirmó que se trató de un allanamiento autorizado por el juez de Garantías Mario Figueroa.

El procedimiento, explicó, tuvo por propósito dar los primeros pasos para investigar una denuncia presentada en los tribunales por un contratado que asegura haber sido víctima de una maniobra similar a la que aparece descripta en el archivo de audio.

La investigación judicial no es la única consecuencia que trajo aparejada la viralización del diálogo entre un contratado de nombre Daniel y Carlos Gómez, esposo de Julia Sáenz y por entonces miembro de la Unidad Municipal de Proyectos Estratégicos.

Con la evidente intención de ganar distancia de Gómez, la información que emanó de la comuna de manera extraoficial se ocupó de hacer hincapié en que el integrante de la agrupación Peronismo Militante no era propiamente un "empleado" municipal ni tampoco tenía la jerarquía de "funcionario", sino que estaba vinculado a través de un "contrato", que fue rescindido por orden de Cresto, horas después de que se hiciera pública la "negociación" para aplicar las "quitas" del 40%.

Si bien desde la fiscalía evitaron dar mayores precisiones, trascendió que los propietarios de la vivienda allanada no ofrecieron ninguna clase de resistencia y, por el contrario, colaboraron con el delegado judicial, aportando varios teléfonos móviles que fueron secuestrados para ser sometidos a las pericias correspondientes.

Una fuente municipal descartó que tras el allanamiento, el próximo paso judicial consista en un procedimiento similar en oficinas del propio edificio comunal, a fin de reunir documentación vinculada a los contratos que motivaron la denuncia.

Fuente: El Entre Ríos y Análisis Digital.