Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Andrés Seró, por infracción a la ley 24.769, sobre el Régimen Penal Tributario.

La investigación según datos judiciales, habría comenzado hace más de un año y se detectó que en el sector vinculado a los aserraderos, proliferaron numerosas facturas apócrifas. La misma investigación llevó a detectar que un contador público, de gran participación en el caso, pudo estar alerta a los movimientos y hasta el momento se encontraría prófugo.

Tras seguir algunos movimientos del profesional se detectó que había creado una supuesta asociación ilícita, junto a tres personas más. “Una de estas personas es la pata financiera, se dedica a cambiar los cheques. El circuito de lavado dinero de esas facturas truchas terminan en la financiera de esta persona”, destacaron.

Los detenidos, Rubén Abalo, Ernesto Palazzotti y Luis Eckerdt fueron trasladados a la Unidad penal de nuestra ciudad, donde pasaron su primer fin de semana privados de su libertad.

Se estima que el perjuicio económico, sólo en 2018, fue de 1.200 millones de pesos y en una sola empresa se estima que facturó 60 millones de pesos de IVA. Dada la cantidad de facturas apócrifas descubiertas, desde la Justicia estarían buscando a las usinas donde se generaba este circuito ilegal. Por otra parte remarcaron que “no se estaría buscando al que usa la factura trucha, sino que dada la proliferación de facturas falsas, se buscará a las usinas”, se cree firmemente que hay más personas dedicadas a esta estafa al Estado. 

“Estamos siguiendo a otras organizaciones de similares características”. A su vez, no descartan que haya más novedades en el trascurso de esta semana.

La pesquisa

La investigación la inició AFIP DGI-Dirección Regional Paraná un año atrás, a través de fiscalizaciones e investigaciones en las que se detectó el uso indiscriminado de facturas apócrifas, las que provenían principalmente de la zona de nuestra ciudad; siendo uno de los nexos entre las maniobras ilegales, profesionales dedicados a la contaduría.

El trabajo de detectar la estafa continuó tratando de establecer otros vínculos, y siguiendo la ruta del dinero derivado de la venta de estas facturas. Así fue como se llegó a las financieras con las que se pretendía blanquear la operatoria. Finalmente se pudo establecer quiénes eran los sujetos que intervenían en el proceso, por el cual obtenían grandes importantes ganancias y réditos.

Estas personas conformaban una organización que, según pudo establecerse, estaba destinada a la venta de facturación apócrifa e involucraba a contadores, cuevas financieras e intermediarios destinados a colocar y comercializar esas facturas.

La actividad delictiva comprendía la creación de una ingeniería fiscal para beneficiar a distintos contribuyentes, incluso a ellos mismos, atemperando su carga impositiva. Dicha ingeniería consistía en la creación de sociedades pantallas o mediante la inscripción de insolventes o personas de escasos recursos, mediante el soporte intelectual y técnico de un asesor contable.

Durante los últimos años, mediante facturas electrónicas apócrifas y solo en la provincia de Entre Ríos, se ha facturado una suma superior a los 350 millones de pesos. La zona en la que se comercializan estas facturas abarca la costa del Uruguay, incluyendo la zona de Corrientes y parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente Bahía Blanca.

Con la investigación se llegó a detectar también la existencia de una financiera oculta a cargo de un monotributista, que manejaba importantes sumas de dinero y que a su vez actuaba como prestamista, quien poseía un importante patrimonio que incluía autos y motos de alta gama, inmuebles y un corralón con actividad marginal.

Allanamientos

Con los datos recabados, a pedido de la AFIP-DGI Dirección Regional Paraná, el Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró, libró 11 órdenes de allanamiento, dirigidos a estudios contables, financieras, domicilios particulares y cuevas financieras de Concordia, procedimiento que se llevó a cabo con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina (Delegación Zona Bajo Uruguay, Delegación Concordia y Grupo Albatros).

Los resultados fueron sorprendentes, la maniobra no solo configuraría la figura penal de asociación ilícita fiscal, artículo 15 Ley Penal Tributaria, sino también lavado de activo, según establece el artículo 303 del Código Penal.

El aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, tiene una pena de prisión que va desde los tres años y seis meses y nueve años (prisión efectiva), al que altere declaraciones juradas recibiendo más reintegros, recuperos, devoluciones o subsidios o cualquier otro beneficio impositivo. 

Fuente: El Heraldo.