“Los sectores productivos deberán afrontar otro incremento de la tarifa eléctrica en medio de la recesión, que impactará desde el 1° de febrero en un 21 y 27% sobre el total de la factura eléctrica.  Desde la UIER se advierte que la suba de costos no será soportada por todos los establecimientos”, dice la entidad en un comunicado.

A través de la Resolución 366/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación y la Resolución Nº 13 del  Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) se dispuso un nuevo incremento de la energía eléctrica. Las modificaciones se concretarán sobre el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE),  el Precio Estabilizado del Transporte (PET) y el Valor Agregado de Distribución ( VAD)  determinando los nuevos valores de la tarifa, que regirá a partir del 1º febrero y hasta el 30 de abril de 2019. “Se estima que el impacto en los establecimientos industriales alcanzará en promedio entre el 21 y el 27%”, indicó la UIER.

Entendió además que “la disposición representará un duro golpe para las industrias que vienen padeciendo las graves consecuencias de un mercado claramente recesivo. Más aún, será letal para las pequeñas y medianas empresas que conforman la mayor parte del espectro industrial en la provincia”.

Tras manifestar su “preocupación por los efectos nocivos de la medida”, la UIER advirtió que “la suba de las tarifas arrastra cargas impositivas nacionales, provinciales y municipales, que redundan en un mayor impacto sobre el costo impositivo que compone el cuadro tarifario”.

“Se trata de otro golpe directo a todo el sector industrial, que ya viene asumiendo importantes incrementos de la energía, en medio de un escenario general crítico que vive nuestro país. Es oportuno subrayar que no todas las empresas estarán en condiciones de soportar esta nueva suba, lo cual profundizará aún más la recesión. Peor aún, pone en jaque muchos puestos de trabajo como vemos actualmente donde se registran suspensiones, recortes en los niveles de empleo y despidos”.

La entidad reclamó al Estado nacional, las provincias y municipios en su conjunto que “tomen las medidas necesarias que les competen”. A la vez, considera “clave mitigar y/o eliminar los impuestos y tasas distorsivas (componentes no energéticos) que integran la factura de energía, lo que posibilitará morigerar el impacto negativo que tiene esta política en el sector industrial”.