Otras 17 provincias ya fijaron fecha para sus elecciones antes de octubre, -como La Pampa, que votará en mayo, o Entre Ríos, que lo hará́ en junio-, o ya sugirieron que adelantarán la cita con las urnas, aunque sus gobernadores no eligieron el día todavía, como Misiones, La Rioja y San Luis, entre otras. Hay dos distritos oficialistas que mantienen la incógnita: la crucial Buenos Aires, donde el círculo más cercano a la gobernadora María Eugenia Vidal continúa alimentando la tesis del desdoblamiento, y Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales. Los dos restantes, Corrientes y Santiago del Estero tienen calendario propio: eligieron gobernador en 2017.
Así́ planteado el calendario, el año que viene habrá́ domingos electorales desde el 17 de febrero (día de las PASO en La Pampa) hasta fines de junio, mes en el que habría una decena de elecciones provinciales. Luego llegarán las primarias nacionales, el 11 de agosto, la elección nacional el 27 de octubre y un eventual ballotage el 24 de noviembre.
La enorme fragmentación del año electoral plantea más de un interrogante. ¿Cómo impactará en el gobierno y sus chances de retener el poder en octubre una eventual oleada de triunfos opositores en los meses previos? ¿Por qué hay provincias oficialistas, como Mendoza y tal vez Buenos Aires, cuyos gobernadores evalúan separar su destino del de Macri y Cambiemos? Y en el campamento peronista: ¿quién capitalizará varios triunfos esperables? ¿En qué medida se nacionalizarán las disputas provinciales?
Que Jujuy y Mendoza, ambas gobernadas por el radicalismo, celebren sus elecciones antes de octubre tiene que ver con la estrategia que la Casa Rosada está elaborando para encarar 2019. La reelección de Morales en Jujuy y el triunfo de un candidato radical en Mendoza (Alfredo Cornejo no puede reelegir porque la Constitución provincial permite un solo mandato), son resultados que en el gobierno ve como posibles. Por eso quieren intercalar esas buenas noticias con eventuales derrotas con el peronismo en una parte importante del país.
Otro capítulo les corresponde a los gobernadores peronistas que buscarán su reelección. Todos, salvo Insfrán, ya decretaron o dieron a entender que sus elecciones serán anticipadas. Más allá́ de las particularidades de cada provincia, y de que algunos enfrentarán internas fuertes con otros candidatos del PJ, el razonamiento es común: la incógnita sobre si Cristina competirá́ o no (que, saben, la ex presidenta estirará hasta junio) y la falta de un candidato fuerte del peronismo no kirchnerista les marca el camino: primero asegurar el propio poder y después ver.
Frente a ese panorama de ausencia de un referente nacional claro aparece la pregunta sobre la capitalización de los eventuales triunfos peronistas. La excepción es Santa Cruz, donde Alicia Kirchner buscará un nuevo mandato y es probable que lo logre, como en 2015, ley de lemas mediante. Su triunfo tributaría para Cristina Kirchner y sus seguidores.
El caso de San Luis es menos claro. Resta saber cómo se resolverá la disputa entre el gobernador Alberto Rodríguez Saá , alineado con la ex presidenta, y su hermano Adolfo, alejado del kirchnerismo. Ambos aspiran a la Gobernación.
Suponiendo que gobernadores como Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Manzur (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan) y Domingo Peppo (Chaco), entre otros, lograran la reelección, ¿quién contaría esos triunfos como propios? ¿El kirchnerismo? ¿El peronismo "alternativo"? ¿En qué medida los actuales mandatarios ofrecerán sus campañas (y eventuales triunfos) como escenarios para que los presidenciables hagan campaña?
O, más concreto: ¿viajarán aspirantes a la Casa Rosada como Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Agustín Rossi o Felipe Solá a festejar con los dueños de casa en esos domingos triunfales? Hoy parece difícil. La irresuelta interna peronista siembra preguntas y, por ahora, no cosecha respuestas.
Fuente: La Nación.
