En tan sólo tres años, según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), se duplicó la cifra, ya que poco más de medio millón de argentinos había manifestado la negativa en 2015.

Sin embargo, quienes no están de acuerdo con esta medida, tienen la posibilidad de expresarlo formalmente antes las autoridades pertinentes por diferentes vías.

La donación de órganos, que en la Argentina siempre ocupa las portadas de los diarios por causas poco felices, esta vez fue noticia por un motivo más que afortunado: la Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad a un proyecto que tomó el nombre de “ley Justina”, en honor a la niña que a fines del año pasado perdió la vida a la espera de un trasplante de corazón.

#LaCampañadeJustina y su hashtag #MultiplicateX7 (apoyado sobre la base de que un solo donante podría salvar siete vidas) impulsada por la propia niña con el apoyo de sus padres, hicieron la tasa de donantes por millón de habitantes en la Argentina, que era de 9.23, escalara a los 13.30 en sólo cinco meses.

Justina Lo Cane murió el 22 de noviembre pasado. Tenía 12 años. La semana posterior a su fallecimiento se registraron más donantes que en todo 2016, alrededor de 48 mil personas en siete días, lo que resultó todo un récord en la historia de la donación de órganos en el país.

Alberto Maceira, presidente del Incucai consideró “la influencia positiva que representó la repercusión que tuvo el caso de Justina”. “Nosotros nos plegamos a ese ímpetu que tenían Paola y Ezequiel, los papás de la niña, e hicimos la elaboración técnica para que este proyecto sea viable y esperamos en el mediano a largo plazo tener un incremento de donantes de órganos en el país”, dijo a Infobae.

“Esto es de gran ayuda para sacar la responsabilidad a las familias de firmar una declaración jurada para dar su consentimiento; evita ese paso burocrático que lo único que hacía era sumar un conflicto al momento de duelo”, consideró Maceira en diálogo con Infobae. Hasta ahora, cuando no había manifestación al respecto, la familia tenía que firmar que la persona nunca se había expresado y hacerse responsable de la decisión.

Ahora, “podrá realizarse la ablación de órganos y/o tejidos a toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de oposición a que después de su muerte se realice la extracción de los mismos”, según señala el proyecto.

“Papá no pidas por mi corazón, ayudemos a todos los que podamos”, fue el pedido de la niña, que dio origen a #LaCampañadeJustina 

Sobre cuáles son los motivos por los que alguien podrá negarse a ser donante de órganos, el funcionario destacó que “siempre son personales” y que desde el organismo siempre se respetará “la voluntad de las personas”. No obstante, aún no está establecido cuál será el mecanismo para expresar la negativa, el cual será fijado luego de que la ley sea reglamentada y entre en vigencia, dentro de unos 90 días, según estimaciones.

Otro de los ítems que Maceira evaluó como clave en la nueva norma es la creación de Servicios de Procuración Intrahospitalaria. “Esto significa que todos los días habrá un médico responsable de trasplantes en todos los hospitales que consideremos, lo cual agilizará enormemente los procedimientos”, estimó.

La ley propone que tanto los hospitales públicos y privados deben contar con servicios destinados a la donación de órganos y al tratamiento del paciente. El nuevo servicio deberá contar con al menos un médico que detecte potenciales donantes, asesore a las familias y garantice el proceso de donación. También se establece la capacitación para los profesionales que formen parte del proceso de donación y trasplante.

El proyecto aprobado, además, incorpora la donación cruzada en el caso de trasplante de riñón (con donante vivo) y establece la prioridad en los vuelos para los pacientes que son parte de un operativo de trasplante. “Ahora las aerolíneas van a tener que dar prioridad a estas personas para que lleguen a tiempo a realizar el procedimiento”, enfatizó Maceira.

En otro orden, destacó que la nueva ley “simplifica y optimiza los procesos que requieren intervención judicial”. “Se baja de seis a cuatro horas el tiempo para que los jueces se expidan, en casos de accidentes de tránsito, heridas de bala y demás causales de muerte que impliquen el accionar de la justicia”, resaltó el presidente de Incucai, quien enfatizó que en esas formalidades "se perdían órganos o se obtenían en peor estado debido a la demora en la ablación".

Según datos del Incucai, en la actualidad 7.733 pacientes -entre ellos 250 son niños y adolescentes- esperan un trasplante de órganos y 2.961 un trasplante de tejidos. Además, 3 mil esperan un trasplante de córneas y unas 30 mil personas están en diálisis.