Fue luego de se reflejaran las observaciones formuladas por jueces de Paz del departamento Paraná, juezas de Familia de la jurisdicción y por la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia (STJ) respecto de un acta acuerdo sobre “distribución de competencias” suscripta en abril entre Copnaf, el Consejo de Prevención de la Violencia (Coprev) y la Dirección de Salud Mental. “Sorprende la manifestación mediática”, se advirtió desde el organismo que conduce Marisa Paira.
“En el marco de una estrategia interinstitucional para el abordaje de la violencia intrafamiliar, el Copnaf y el Coprev acordaron trabajar en conjunto. La decisión institucional surgió del intercambio en mesas de discusión intersectoriales donde participan diversas organizaciones sociales y organismos del Estado, incluso del Poder Judicial”, se indicó en el comunicado, en el que se manifestó que “se propuso la incorporación de los diferentes dispositivos institucionales existentes en la actualidad, dejando plasmado en una reunión mantenida con los jueces de familia y defensores locales la apertura a realizar y las modificaciones y ajustes pertinentes, por lo cual sorprende la manifestación mediática, considerando que existen mesas de discusión conjuntas en la temática y apertura desde los diferentes organismos para ello”, se indicó desde Copnaf.
La referencia es a las observaciones formales realizadas desde tres ámbitos del Poder Judicial que reflejó este medio. Por un lado, mediante sendas notas elevadas a la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, las juezas de Paz de San Benito, Silvia Márquez, y de María Grande, Alicia Reggiardo, informaron de la nueva situación. En segundo término, en una nota también elevada a la conducción del alto cuerpo tres juezas de Familia de Paraná –Rosario Moritán, Victoria Solari y Claudia Lafferriere- se refirieron al tema. Y en tercer lugar, en un informe presentado a Mizawak, Yanina Izet, directora de la Oficina de Violencia de Género del STJ, criticó las nuevas disposiciones.
“La problemática de la violencia intrafamiliar hoy excede las posibilidades de pensar el abordaje desde un solo espacio institucional”, explicaron desde el Copnaf y ratificaron “el trabajo articulado con cada uno de los poderes del Estado y las diferentes organizaciones involucradas en la temática, como así también la necesidad de descentralización de las respuestas institucionales que garanticen efectivamente la accesibilidad de derechos en todo el territorio en la provincia de Entre Ríos”.
“Por ese motivo, y en el marco de las mesas de discusión conjunta con diversas instituciones y organismos, se decidió avanzar en un acta acuerdo con el Coprev y Salud para trabajar de manera conjunta en Paraná interinstitucionalmente, desde una construcción colectiva”, especificaron, aunque “no exime de las competencias al Copnaf ni implica abstenerse de cumplir una obligación legal”, remarcaron.
El acta aludida fue suscripta el 3 de abril por la vicepresidenta de Copnaf, Huerto Reutlinger; la presidenta de Coprev, Mariana Broggi; y el director de Salud Mental, Carlos Berbara. En la cláusula cuarta, referida a las “competencias” se esbozan “lineamientos” para la acción en el departamento Paraná. “El Coprev y el programa de Violencia Social (dependiente de Salud Mental) intervendrán en la asistencia y abordaje integral del grupo familiar y de los niños testigos de violencia familiar entre adultos, vale decir que presencian o escuchan situaciones de violencia y que no son objeto directo del maltrato”, se indica. Más adelante, se añade: “El Copnaf intervendrá en las situaciones de niños y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual infanto juvenil, es decir aquellos que han sido objeto directo de agresiones”.
Desde Copnaf se señaló que “el objetivo es poner énfasis en las especificidades de cada organismo existente en la actualidad dejando plasmado un trabajo mancomunado, a fin de evitar superponer actuaciones y promover una intervención inmediata y eficaz”. También se advirtió que “un dato no menor es que el acta acuerdo refiere a cuestiones locales y no provinciales, ya que se considera que el abordaje integral que prevé la ley a través de provincia y municipios implica optimizar los recursos existentes en cada departamento de la provincia”.
“A partir de esta modalidad se pretende dar mayor visibilidad a las situaciones de maltrato y abuso sexual infanto juvenil, que requieren de un abordaje complejo a fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que por sus situaciones de gravedad ameritan diferentes intervenciones”, se enfatizó desde el organismo que, desde abril de 2016, conduce Marisa Paira.
Desde la Oficina de Violencia de Género del STJ se había cuestionado el “encuadre legal” del acta acuerdo y en el comunicado se explicitó que las nuevas medidas fueron realizadas “en el marco de las disposiciones de la Ley Provincial 9.198, de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar, que data de 1999 y señala como organismos de aplicación a la Subsecretaría de Integración Comunitaria o el Consejo Provincial del Menor, pero se advirtió que “sin embargo, la reglamentación de 2009 prevé en sus artículos reglamentarios 9 y 10 que ‘el Ministerio de Salud y Acción Social, a través de sus áreas existentes y/o a crear y los organismos corresponsables mencionados en el artículo 14 asumirán las tareas de la Subsecretaría de Integración Comunitaria’”.
“En tal sentido se propuso la incorporación de los diferentes dispositivos institucionales existentes en la actualidad, dejando plasmado en la reunión mantenida con los jueces de familia y defensores locales la apertura a realizar las modificación y ajustes pertinentes, por lo cual sorprende la manifestación mediática, considerando que existen mesas de discusión conjuntas en la temática y apertura desde los diferentes organismos para ello”, se indicó finalmente desde Copnaf.
Fuente: Análisis Digital.
