La resolución, que rige para el departamento Paraná, fue cuestionada formalmente por tres juezas de Familia, dos juezas de Paz y desde el STJ, ámbito desde el cual se criticó especialmente la distinción entre niños “víctimas” y niños “testigos” y se objetó a Copnaf por “desvincularse de sus funciones sin intervención legislativa”. También se puso en tela de juicio la capacidad del Coprev y del programa para intervenir en los numerosos casos y se advirtió: “Este convenio importa una grave situación institucional que puede acarrear a la provincia de Entre Ríos responsabilidad internacional”.

En la sede de Copnaf en Paraná, en calle Corrientes, se suscribió el 3 de abril un acta acuerdo referida a la “distribución de competencias” de distintos organismos, en el marco de la ley 9.198, que regula las acciones de prevención de la violencia familiar y de asistencia integral de las personas involucradas. Los firmantes fueron la vicepresidente de Copnaf, Huerto Reutlinger; la directora del Coprev, Mariana Broggi; y el director de Salud Mental, Carlos Berbara.

En esa mesa chica se dispuso “aunar criterios de actuación e intervención” y se suscribió el convenio que rige, provisoriamente, para el departamento Paraná, que nuclea las causas que llegan a cuatro juzgados de Familia y diez juzgados de Paz de la jurisdicción.

En el texto se diferencia a los niños y adolescentes “objeto directo” de violencia de los que son solo “testigos” de violencia. Se reserva a Copnaf la atención de los primeros, mientras que respecto de los segundos se asigna al Coprev y al programa provincial de Abordaje de la Temática de Violencia Social, dependiente de la Dirección de Salud Mental, “la asistencia y el abordaje integral del grupo familiar y de los niños y adolescentes testigos de violencia entre adultos, es decir que presencian o escuchan las situaciones de violencia familiar y no son objeto directo del maltrato”.

Así las cosas, desde entonces, Copnaf sólo interviene en el departamento Paraná en “las situaciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual infanto juvenil, es decir aquellos que han sido objeto directo de agresiones por parte de los padres o de referentes significativos encargados de su cuidado y crianza”.

La intervención de Copnaf fue solicitada en los últimos meses por distintos juzgados del departamento, especialmente para la realización de lo que establece el artículo 8 de la ley de violencia familiar. Allí se indica que, ante una denuncia, los jueces deben requerir un diagnóstico sobre la situación familiar que debe ser elaborado por peritos de diversas disciplinas en un plazo de 24 horas. “A partir de ese diagnóstico, el juez determinará daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima, su situación de riesgo y el medio social y ambiental de la familia, orientándose en la decisión sobre las medidas cautelares a adoptar”, se indica en la norma.

“El organismo no realizará el diagnóstico de situación contemplado en el artículo 8 de la ley de violencia familiar”, se repite una y otra vez en notas las que accedió ANÁLISIS DIGITAL, emitidas en respuesta a requerimientos de juzgados de Paz de distintos puntos del departamentos que de momento no tienen a quién recurrir para obtener estos informes. En algunas de las negativas firmadas por la psicóloga Sandra Vela, jefa técnica de Copnaf, se indica a los juzgados que “consideren elevar la solicitud al equipo técnico del STJ abocado a dicha tarea profesional”.

A tres de esas notas las recibió en un mismo día, en relación a sendas denuncias de violencia familiar, la jueza de Paz de San Benito, Alicia Reggiardo. La reacción de la magistrada fue informar de inmediato de la situación a través de una nota formal a la presidenta del STJ, Claudia Mizawak.

“Esta postura entorpece los procesos de violencia familiar que se centran en el informe contemplado por ley, cuya elaboración es obligatoria y taxativa legalmente. La elaboración del informe en cuestión es necesaria, resulta esencial y es determinante para el seguimiento del caso”, expuso la magistrada. Días después, la jueza de Paz de María Grande, Silvia Haydeé Márquez, remitió una nota de similar tenor a la presidenta del alto cuerpo.

El 8 de mayo, la preocupación alcanzó al vocal del STJ Emilio Castrillón, presidente de la Sala Civil y Comercial, quien en un escrito consideró necesario “impulsar diversas gestiones a fin de que el Poder Ejecutivo a través del Copnaf y otros organismos competentes en materia de violencia arbitren los medios para cumplir con el seguimiento de las causas” y planteó la necesidad de dar cumplimiento al artículo 8 de la ley. Mientras tanto, Castrillón propuso al alto cuerpo que se cubriera la falencia con asistencia de personal técnico de los equipos interdisciplinarios de los juzgados de Familia más cercanos.

Inquietud ante la urgencia

El 17 de mayo tres juezas de Familia de Paraná expresaron su preocupación por el tema. Victoria Solari, Rosario Moritán y Claudia Lafferriere firmaron en conjunto una nota que elevaron a Mizawak dos días después de concurrir a una reunión convocada por Marisa Paira, presidenta de Copnaf desde abril del año pasado en la que fueron informadas de las disposiciones del acta acuerdo suscripta por Copnaf, Coprev y la Dirección de Salud Mental.

“Deseamos expresar nuestra inquietud sobre el efectivo funcionamiento de las competencias y coordinaciones asignadas a los distintos organismos comprometidos, particularmente en lo que hace a la suficiente conformación y disponibilidad –especialmente en las situaciones de urgencia- de equipos interdisciplinarios que aborden la problemática de la violencia familiar. Una propuesta de abordaje interinstitucional de la envergadura de la expuesta en dicho acuerdo requiere de equipos de trabajo que, a la fecha desconocemos si se encuentran operativos”, advirtieron las magistradas.

El Coprev fue creado por un decreto del ex gobernador Sergio Urribarri en 2013. Allí se lo definió como “un espacio de participación entre el Estado y organizaciones no gubernamentales que monitoreará el protocolo para prevenir y erradicar situaciones de violencia”. Está integrado por miembros de los tres poderes del Estado, organizaciones sociales, universidades y colegios profesionales. En la última sesión del Senado se sancionó un proyecto de ley impulsado por el oficialista Ángel Giano que le brindó al Coprev jerarquía de ente autárquico descentralizado. El programa de Violencia Social, en tanto, depende de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud y es coordinado por la psicóloga Claudia Izza.

Gravedad institucional

Casi en simultáneo a la nota de las tres juezas, Yanina Izet, directora de la Oficina de Violencia de Género del STJ también dirigió una misiva a Mizawak en la que fue muy crítica con las nuevas disposiciones. Primero, la funcionaria objetó el “encuadre legal” de las modificaciones y señaló que la ley 9.198 señala a Copnaf como órgano de aplicación. Luego, advirtió: “Sin modificación legislativa alguna, pretende desvincularse al organismo a partir de la firma de ese convenio. ¿Tiene facultad legal la vicepresidenta de Copnaf para celebrar un convenio que implica abstenerse de cumplir una obligación legal? La situación institucional es grave”, consideró.

En un extenso escrito, Izet indicó que, según los datos del Registro de Causas y Antecedentes de Violencia de Entre Ríos (Rejucav), hay 9.867 causas de violencia familiar, contra la mujer y delitos vinculados que afectan a 14.084 niños y adolescentes. Luego, objetó la diferenciación entre los niños que son víctimas directas de agresiones y abusos en sus hogares y los que solo son testigos de la violencia existente en su familia, plasmada en el acta acuerdo.

“En ningún modo los niños embisten el carácter de ‘testigos’ como se dice en el convenio suscripto por el organismo encargado de su protección. Investigaciones realizadas demuestran que los niños que han sido parte de una familia con situaciones de violencia familiar sufren mayor perjuicio que los que han vivido en una situación de guerra”, aseveró Yzet.

La funcionaria consideró “una ficción pensar que el número de profesionales con que cuentan en Paraná el programa de Violencia Social y Coprev puedan atender los 2.294 casos que se presentan en el departamento”, siempre según datos del Rejucav de 2017. También advirtió que, siendo el Poder Judicial miembro del Coprev, en ninguno de los encuentros periódicos del espacio se habló de la posibilidad de que “un equipo integrado por dos profesionales se haga cargo”. Luego, se preguntó: “¿Qué facultades tiene la coordinadora para llevar a cabo un convenio de este tipo?”.

Por último, la directora de la Oficina de Violencia de Género del STJ expuso que el convenio “importa una grave situación institucional que puede acarrear a la provincia de Entre Ríos responsabilidad internacional” y lo consideró “un retroceso en cuanto a garantizar a las víctimas su acceso a la Justicia”.

“Cumple esta funcionaria con el deber de comunicar la gravedad institucional que se atraviesa y que debe ponerse en conocimiento del gobernador, ministerios de Gobierno y Justicia y Desarrollo Social para evitar el retroceso que actos como el presente importan en la protección de derechos de las personas involucradas y, en suma, ponen en riesgo la vida de éstas”, concluyó Yzet.

Fuente: Análisis Digital.