Al cabo del encuentro, el titular del organismo provincial indicó que “esta nueva reunión se inscribió en una forma de hacer política que sigue los lineamientos del gobernador Gustavo Bordet, y que se basa en el diálogo y la construcción en conjunto a través de la cooperación, en este caso de nuestra institución con los ribereños del departamento Federación, nucleados en ARRU”, destacó Casañas.

Por su parte, Dal Molín se mostró “muy agradecido por esta nueva invitación y el recibimiento ofrecido”, y a renglón seguido agregó que “el tema de la erosión de costas, una secuela producto de la fluctuación del embalse de Salto Grande, es muy importante para los ribereños, cuyas propiedades se ven afectadas por el efecto erosivo del agua y del oleaje, lo cual se traduce en pérdida de superficie y formación de acantilados”, graficó.

“Esta situación –agregó Dal Molin– ha ido avanzando todos estos años desde la construcción de la represa, sobre todo en lugares críticos, que básicamente necesitan ser defendidos con obras de ingeniería que nunca se han hecho”, resaltó.

Casañas, en tanto, reconoció que “el fenómeno de la erosión destruye recursos económicos, naturales, patrimoniales y culturales”, y en función de ello confió que “durante la reunión hemos acordado con los representantes de ARRU que ellos nos van a ir presentando los problemas puntuales con un orden de prioridades para que, a la par, los equipos técnicos de CAFESG vayan elaborando los distintos proyectos de obras tendientes a mitigar los efectos de la erosión en épocas de creciente extraordinaria, en el marco de un programa específico”, pormenorizó.

“Con ARRU –adosó Casañas– también vamos a trabajar en conjunto para la obtención del financiamiento para este tipo de obras cuyos presupuestos son realmente elevados”.

Para ese cometido, el presidente de CAFESG consideró “fundamental incorporar nuevos actores, como organismos e instituciones provinciales, nacionales y binacionales, a los efectos de alcanzar los objetivos trazados”. En ese sentido, reveló que “recientemente firmamos un convenio con la Secretaría de Ambiente de la Provincia, que a su vez va a intentar involucrar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y también hemos dialogado con uno de los delegados de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)”.

“Somos conscientes –aseguró Casañas– de que la situación económica es complicada, pero en el marco de este trabajo en conjunto la idea es avanzar en la identificación de las situaciones más urgentes para elaborar un Plan Director de obras y acciones, y en base a ese documento gestionar el financiamiento por parte del Gobierno Nacional, que deberá ser el que financie estas obras de protección o defensa de costas para mitigar los efectos negativos de la erosión aguas arriba de la represa”, concluyó.