Escuela Nº 73 Pancho Ramírez, donde el padre de un alumno agredió a una maestra el pasado día viernes. Son tres los proyectos que están en análisis: uno pertenece al senador Natalio Gerdau (FpV-Gualeguaychú), otro al diputado Pablo Mendoza (FpV-Paraná) y hay otra cuya autora es la legisladora Leticia Angerosa (FpV-Gualeguaychú).

La iniciativa de Gerdau, que ya cuenta con media sanción, se denomina “Ley de atención integral para la erradicación de la violencia y la discriminación en el ámbito escolar” y tiene como fin “establecer políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir el acoso u hostigamiento escolar y cualquier forma de violencia, discriminación y maltrato psicológico, verbal o físico en el ámbito escolar, instituyendo las bases para la promoción de la convivencia pacífica, en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades dependientes del Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones, en el ámbito territorial de la provincia de Entre Ríos”.

En tanto el de Mendoza se titula “Ley de convivencia escolar de formación para los derechos humanos y de prevención y mitigación de la violencia escolar” y apunta a “establecer políticas públicas que contribuyan a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional, mediante la creación del Programa Provincial de Convivencia Escolar, de Formación para los Derechos Humanos y de Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades dependientes del Consejo General de Educación, dependiente del Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones, en el ámbito territorial de la provincia de Entre Ríos”.

La otra iniciativa pertenece a la diputada Leticia Angerosa, se denomina “Ley para la promoción de la convivencia, el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas inclusivas” y tiene como fin “establecer políticas públicas para prevenir, reconocer y abordar la conflictividad social en el ámbito escolar instituyendo las bases para la promoción, intervención institucional y recopilación de experiencias sobre la convivencia, así como sobre la resolución pacífica de conflictos en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo dependiente del Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones de la provincia de Entre Ríos”, publicó APF.