El acto crítico al gobierno se realizó frente a la Casa Gris. El documento

Nuevamente decimos presente en esta marcha, repudiando el 39º aniversario del golpe más brutal de nuestra historia, luchando para que de una vez por todas se termine la impunidad, y reivindicando los sueños y la lucha de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos que dieron su vida por conquistar un país sin opresión, sin explotación, sin injusticia, sin represión. Nos une la convicción de que esta lucha contra la impunidad de los genocidas, por juicio, castigo y cárcel común y efectiva para quienes avasallaron los derechos del pueblo a sangre y fuego, debe realizarse con independencia de los gobiernos de turno que en más de 30 años de democracia han sido garantes de la impunidad y han mantenido con matices la matriz económica impuesta por la dictadura. Tenemos muy en claro que el golpe genocida fue impulsado por los sectores más concentrados del poder económico aliados con los imperialismos de turno y que estos sectores siguen imponiendo sus intereses en las políticas aplicadas por el gobierno nacional.

Seguimos en la calle en tiempos en lo que el doble discurso del gobierno se cae ante la represión y el procesamiento de militantes sociales que luchan por una sociedad más justa y en defensa de la soberanía del pueblo latinoamericano. Estamos en la calle en defensa de los cinco compañeros procesados por impedir el fracking en nuestra región. Además, en repudio a la continuidad del aparato represivo del Estado nacional que a través de su Gendarmería Nacional reprimió a nuestros compañeros que estaban impidiendo el paso de camiones de fracking en defensa de una de las reservas de agua más importantes del mundo que es nuestro Acuífero Guaraní. Exigimos al juez Federal Pablo Seró la absolución de Bernardo Zalisñak, César Pibernus, Francisco Larocca, Horacio De Carli y Facundo Scattone Moulins, procesados por luchar contra las corporaciones del poder concentrado. La Justicia sera justicia cuando defienda al pueblo de las corporaciones y no al revés.

Con un proceso inflacionario que ha carcomido el salario de los trabajadores a lo largo del 2014 y unas paritarias donde el gobierno sigue manteniendo la matriz económica desigual para los que menos tienen, intentan descargar un brutal ajuste sobre los trabajadores y el pueblo; sufriendo así también las consecuencias de la crisis internacional. Para hacerlo necesitan de las armas de la represión. En este rumbo de ajuste coinciden tanto el gobierno nacional como las distintas variantes de la política tradicional que se postulan como recambio de cara al 2016.

Ejemplo de esto es aprobar el uso de "pistolas taser" eléctricas para la ciudad de Buenos Aires, las intención de bajar la edad de imputabilidad y reforzar el control policial del espacio público con cámaras de seguridad.

Críticas a Urribarri

En nuestra provincia, el gobierno de Urribarri profundiza su política contra los derechos de los trabajadores. Acá del Partido Judicial al cual se refirió Cristina Fernández forma parte del Frente Para la Victoria, arremetiendo contra el derecho a huelga, por medio de la jueza Gladys Pinto quien no ha sido designada por concurso a través del Consejo de la Magistratura, para intentar acallar a los que luchan por el derecho a un salario digno y paritarias libres y sin techo.

Quienes estamos aquí entendemos que la lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy es una sola, que no se puede manipular la memoria para maquillar la continuidad y profundización de las políticas impulsadas por la dictadura, y decimos fuerte y claro: Con impunidad, ajuste y represión no hay derechos humanos.

Decimos presente porque repudiamos la brutal represión, racional y planificada contra nuestro pueblo, que tiene un nombre preciso: genocidio. Genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes, niños, como paradigma del terror y que tuvo como objetivo aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales y de las más diversas militancias.

Repudiamos los campos de concentración, la desaparición, el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, el robo de niños, que impuso la más brutal dictadura que conoce nuestra historia. Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país.

Estamos aquí para repudiar a los grupos del poder económico que planificaron y financiaron el golpe a favor de una política que los beneficiara a costa de la miseria sistemática para nuestro pueblo.

Denunciamos también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.

Por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo: ¡denunciamos y exigimos justicia!!
Los avances logrados en estos años de lucha contra la impunidad, como la anulación de las infames leyes de impunidad de Alfonsín primero y el indulto menemista posterior, la restitución de la identidad a 116 personas (hijos de desaparecidos) y el avance en algunas causas, no son propiedad de gobierno alguno, sino consecuencia de la resistencia y la lucha popular.

Abran los archivos

No podemos dejar de mencionar que a 39 años del golpe de estado miles de verdades permanecen ocultas, los archivos de la dictadura siguen cerrados, los juicios pululan separados por todo el país sin centralidad, los testigos y querellantes siguen deambulando por la geografía del país y miles de culpables de uno de los peores crímenes colectivos contra el pueblo argentino se encuentran impunes, muchos de ellos muriéndose de viejos sin condena alguna. En ese sentido, exigimos sentencia ya por Área Paraná, que lleva once años de demora desde que se reabrió el debate judicial.

Existieron más de 600 centros clandestinos durante la dictadura y no llegamos ni a 2 represores por campo condenados. Cada día de atraso en el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura es un día ganado por la impunidad biológica: 396 son los represores condenados y 320 los represores que murieron impunes antes de llegar a la justicia. Hay más de 60 represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. En relación a los testigos en estos procesos, denunciamos la segunda desaparición de Julio López en el 2006 y el asesinato de Silvia Suppo en el 2010 que evidencian descarnadamente la continuidad del aparato represivo de la dictadura y la política de impunidad y olvido que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales quieren imponer sobre estos nuevos crímenes. A 4/5??años de haberse conocido el listado completo de integrantes del Batallón 601, ninguno de ellos ha sido llevado aun a juicio, en otra prueba más de la impunidad reinante. Repudiamos que después de 39 años siguen ocupando cargos de funcionarios personajes vinculados a la represión, como es el caso del jefe de Gabinete del Ministerio de Cultura de la Nación Héctor Espina, miembro integrante del listado del Batallón 601.

Por eso desde la anulación de las leyes de impunidad hemos luchado porque se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración, y por todos los delitos que cometieron contra todos nuestros compañeros, y por la cárcel común y efectiva a todos los genocidas. Exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados. Luchamos por la identidad de los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices. La política oficial no abre los archivos y sólo impulsa que quienes duden de sus orígenes, se hagan una prueba genética.

Milani, el espía interno

La designación de Milani al frente del Ejército, con el mayor presupuesto de todos los servicios de seguridad utilizados en función del espionaje interno, retrata la perversidad del Gobierno Nacional que se arroga la lucha por los DDHH. Milani aún no ha dado cuenta en la justicia de su oscuro desempeño bajo la última dictadura militar, mientras aparecen nuevos testimonios en su contra en Córdoba y Tucumán, ni de su inexplicable enriquecimiento en los últimos años. Exigimos su destitución al frente del Ejército y su comparecencia ante la justicia por ser responsable de la desaparición del soldado Ledo, en el marco de la causa en la cual el fiscal Federal Alberto Lozada pidió su indagatoria por la responsabilidad en delitos de lesa humanidad. Además, encarna el proyecto de recuperar para las fuerzas armadas un rol activo en el espionaje y en la “seguridad” interna, en línea con la Ley Antiterrorista, el Proyecto X, y el notable incremento en el presupuesto a la inteligencia militar en tiempos de ausencia de conflictos bélicos.

La discusión que empezó a finales del año pasado y se profundizó a partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman en relación a los servicios de inteligencia, revela algo que desde este espacio venimos denunciando como la continuidad del aparato represivo de la dictadura militar. Jaime Stiusso permaneció a cargo de los servicios durante todos los gobiernos democráticos, incluso con una fuerte cercanía durante el gobierno de Néstor Kirchner. La clase política de este país ha utilizado los servicios de inteligencia a favor de sus intereses espurios, conseguidos a través de la extorsión y los denominados “carpetazos”. Es por esto que desde esta multisectorial reclamamos la disolución de la ex Side, la AFI y todos los organismos de inteligencia, con la apertura de los archivos secretos que revelarán crímenes cometidos por el Estado y los privados en contra del pueblo. Y la conformación de una Comisión Investigadora independiente en la causa AMIA y la interpelación pública a los funcionarios involucrados en dicha causa.

A su vez, la continuidad del aparato represor también se manifiesta en cada comisaría de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país, como así también en las cárceles. La tortura como mecanismo del terror no quedó alojada en el golpe militar, sino que es una continuidad hacia el interior de las fuerzas de seguridad. Además, la represión generalizada y la mantención de las estructuras de las distintas policías provinciales y de la Federal son las que hacen posible la desaparición forzosa de personas en tiempos de democracia. Esto además ratifica la desigualdad de clase, porque materializa la estigmatización de los pibes pobres que sufren la violencia institucional policiaca. Ejemplo de esto es la desaparición seguida de muerte de Ismael Sosa, quién fue a ver un recital y fue muerto por la Policía Cordobesa. Otra expresión de lo que denunciamos es el reconocido caso de Luciano Arruga, un pibe de 16 años que se negó a robar para la policía bonaerense y consecuencia de eso fue desaparecido durante cinco años hasta el año pasado que se encontraron sus restos.

La cuestión docente

En otro sentido, el discurso de la presidenta en la inauguración de las sesiones del Congreso marcó otro aspecto central de su política. En el mismo Cristina Fernández aseguró el inicio normal en todas las provincias del ciclo lectivo 2015, en lo que se convirtió una mentira cargada de cinismo al negar el conflicto docente en Entre Ríos y otras provincias, con el gobernador Urribarri sentado a su lado. Intentan derrotar la lucha docente para encarrilar a la baja todas las paritarias. Por eso recurren al “Partido Judicial” amigo para imponer la conciliación obligatoria,cercenando el derecho a huelga y limitando el derecho a reunión en asamblea. Rechazamos la conciliación obligatoria impuesta en la paritaria docente local y llamamos a defender incondicionalmente los reclamos de los maestros y profesores entrerrianos, como forma de proteger los intereses del conjunto de los trabajadores y el pueblo de la Provincia. También reclamamos el inmediato aumento presupuestario para los sistemas públicos de salud y educación, que son las principales válvulas del ajuste económico.

Esta escalada represiva es producto del intento de seguir descargando la crisis, que se agrava día a día, sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo, con techos a las paritarias, despidos y suspensiones, garantizando las ganancias de los grandes capitales. La inflación y la escasa movilidad salarial, constituyó un duro golpe bolsillo del trabajador.

Entrega al imperio chino

Denunciamos los recientes acuerdos con el imperialismo chino, que endeudan a la provincia a niveles desconocidos, cercenando la soberanía nacional. En el marco de estos acuerdos, en nuestra provincia se lleva adelante una obra inconstitucional que favorece a pocos terratenientes, desalojando a cientos de familias campesinas. Fiel reflejo de cuál es la prioridad para los gobiernos nacionales y provinciales. Entregando como prebendas de la crisis que dicen combatir a empresas emblemáticas entrerrianas (Cotapa- Frigorífico San José y ahora Citrícola Ayuí) al nuevo capital imperialista chino. Planteamos la re-estatización de dichas empresas bajo control de sus trabajadores.

El oficialismo presenta a China ingenuamente como país emergente, a quién ya es la primer potencia económica mundial que ha depredado el continente Africano y a quién se le ha entregado la primera base militar en territorio Argentino en Neuquén, para espiar a otras potencias y ubicándonos como blanco en la disputa interimperialista mundial ante eventuales conflictos.

Modelo sojero

Estos últimos ejemplos también demuestran la profundización de modelo de saqueo y entrega. Al avance de la sojización y la mega minería contaminante, se profundiza la entrega de los recursos hidrocarburíferos a partir del acuerdo con Chevron, que abre la puerta a la generalización de la extracción de petróleo y gas no convencional a través del Fracking, mientras se llevan las ganancias afuera. Al mismo tiempo que la Justicia falla a favor del Estado de Ecuador en contra de dicha multinacional por haber sido el mayor fraude contaminante de su historia, el gobierno hace acuerdos que dañan nuestra soberanía y nuestro suelo. Sumado al pago a Repsol, otro monopolio que saqueó durante años los recursos del país; y el pago serial de una deuda externa ilegítima, sin realización de una auditoría pública previa, son los factores que profundizan un modelo a favor de los poderosos y contra el pueblo.

En nuestra provincia también se expresa esta política de ajuste. Sigue pesando sobre las espaldas de los trabajadores la decisión del gobierno de Urribarri que impuso la Reforma Tributaria que aumenta los impuestos que paga el pueblo trabajador, con fuertes subas en los impuestos inmobiliarios y automotores. El impuestazo del 2013 reforzó una matriz impositiva regresiva que hace que paguen más los que menos tienen, al igual que la exención a los grandes industriales y a las clínicas privadas. El oficialismo provincial se subordina al unitarismo fiscal impuesto por el gobierno nacional y además carece de voluntad política para avanzar hacia una reforma tributaria integral que elimine los impuestos al salario, los haberes previsionales y el consumo, y que grave a los grandes propietarios y capitales, empezando por los monopolios, los bancos, el juego, la renta financiera, los pooles de siembra, los especuladores inmobiliarios y los grandes terratenientes.

Provincia endeudada

Esta necesidad recaudatoria del Estado provincial es la contracara de su fuerte proceso de endeudamiento, mediante la colocación de bonos provinciales en dólares a altas tasas de interés y ajustados a las modificaciones del tipo del cambio. Distintos municipios de la Provincia han adoptado la misma política recaudatoria, aumentando los impuestos que pagan los trabajadores y el pueblo. Simultáneamente, se aprueban fuertes subas en las tarifas de los servicios esenciales y del transporte, ajustando a los de abajo para garantizar las ganancias de las empresas contratistas. La matriz de entrega también se comprueba en nuestra provincia a través de los acuerdos internacionales que Urribarri persigue alrededor del mundo: entrega del puerto de Ibicuy, del transporte fluvial y tierras del Delta como un eslabón más de la cadena que nefastamente Cristina Kirchner dio en llamar desde china: “somos Argen-china”.

Este 24 de marzo volvemos a denunciar la sistemática violación a los derechos de la mujer. Entre Ríos es una provincia de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas en lo que hace a la explotación sexual y comercial, como en lo laboral y la explotación infantil. No es una provincia libre de trata como lo expresan discursos oportunistas de los gobiernos provincial y municipal, ni alcanza con cerrar los prostíbulos, el prostíbulo es un eslabón a desarticular en la cadena de estas redes mafiosas que no solo esclavizan mujeres y niñas, sino que también van de la mano de otras problemáticas como el narcotráfico. No queremos más mujeres y niñas desaparecidas, esclavizadas en estas redes mafiosas. No queremos más complicidad del poder político y del estado con protección judicial y policial. A esto se le suma un flagelo cada vez más extendido en nuestra provincia, que ocupó en 2014 el tercer lugar en cantidad de casos de femicidio. Entre en 2011 y 2015 hubo 41 asesinatos de mujeres. Y las consecuencias del narcotráfico ligado a todas estas lacras sociales que hallan caldo de cultivo en la falta de trabajo, de seguridad y de condiciones dignas de vida para todos los entrerrianos.

Cuestión de género

El Estado nacional y el provincial son hoy los principales garantes de la violencia hacia la mujer, por el amparo legal y político que prestan a los grupos minoritarios y redes delictivas que explotan y agreden a las mujeres, y por su propia responsabilidad por acción u omisión respecto a los derechos que debe garantizarles.

Por su parte, los pueblos originarios siguen sufriendo en varias provincias la expulsión violenta de sus tierras a manos de los grandes intereses agro-comerciales, con la complicidad cuando no la intervención explícita de los gobiernos provinciales (como en Neuquén, Formosa, Chaco, Salta entre otras) que a través de las fuerzas de seguridad garantizan la represión y los desalojos. La misma suerte corren las comunidades que se organizan para evitar el deterioro ambiental, las enfermedades y la muerte por la contaminación provocada por la megaminería, cerealeras, pooles de siembra, pasteras y especuladores inmobiliarios. O los miles de trabajadores argentinos a lo largo y ancho del país que viven en condiciones miserables y que pelean por el acceso a una vivienda digna, la urbanización de asentamientos precarios y el fin de la especulación inmobiliaria que impulsa su desalojo. Día a día se conocen nuevos casos en relación a muertes de niños y mujeres de los pueblos originarios por abandono del Estado ante una desigualdad que asesina. A la lucha de los pueblos por la tierra, la vivienda y el ambiente los Estados provinciales y nacional responden con criminalización de la protesta y la represión violenta.

Fuente: Análisis Digital.